La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) manifestó su preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo de paralizar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero, ubicado en la provincia San Juan.
A través de un comunicado, la entidad advirtió que la medida podría generar efectos negativos a nivel institucional, económico y en la confianza de los inversionistas, en un momento clave para el desarrollo del sector minero nacional.
Críticas a la interrupción del proceso técnico
Camipe sostuvo que detener el EEIA —un proceso técnico fundamental para garantizar que la actividad minera cumpla con estándares ambientales— no fortalece la protección del medioambiente, sino que limita el análisis riguroso que corresponde en este tipo de proyectos.
En ese sentido, insistió en que las decisiones sobre iniciativas de alto impacto deben sustentarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales, cumplimiento legal y respeto al debido proceso, en coherencia con los objetivos del Plan META 2036.
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Llamado a reforzar la seguridad jurídica
La organización consideró que este episodio evidencia la necesidad de avanzar hacia una nueva Ley de Minería, orientada a fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la participación social.
Según el gremio, el marco normativo actual requiere ajustes que permitan establecer reglas claras para el desarrollo del sector, especialmente en un contexto donde la confianza de los inversionistas es determinante.
Minería y medioambiente: un debate que debe integrarse
Camipe planteó que la discusión sobre la minería no debe abordarse como una confrontación entre crecimiento económico y protección ambiental. Por el contrario, defendió la posibilidad de consolidar un modelo de minería sostenible, basado en evidencia técnica, fiscalización rigurosa y diálogo con las comunidades.
La entidad también valoró la disposición al diálogo expresada por el presidente Luis Abinader, y puso a disposición su experiencia para contribuir a un proceso que integre a autoridades, especialistas, comunidades y actores productivos.
Un escenario que reabre el debate regulatorio
El pronunciamiento de Camipe se produce en un contexto donde la paralización del proyecto Romero ha generado un debate más amplio sobre el equilibrio entre inversión, sostenibilidad ambiental y estabilidad regulatoria.
Para el sector, avanzar hacia una minería responsable y socialmente consensuada implica no solo decisiones puntuales sobre proyectos específicos, sino también una reforma estructural del marco legal que garantice previsibilidad y confianza a largo plazo.
