Santo Domingo.- Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuestionó el aporte de la minería al desarrollo económico de República Dominicana y planteó la necesidad de revisar las políticas públicas relacionadas con la explotación de los recursos naturales.
Durante su participación en el programa RD Debate, Peña afirmó que el país no ha vivido de la minería y sostuvo que los aportes de Barrick Gold y del sector representan poco más del 2 % del producto interno bruto (PIB). A partir de esa valoración, rechazó que la actividad minera se presente como la principal vía para garantizar el futuro económico dominicano.
El dirigente vinculó su cuestionamiento con los intereses de grandes capitales internacionales en la explotación del oro y señaló que, a su juicio, el debate debe considerar no solo los beneficios económicos de la actividad, sino también sus consecuencias ambientales y sociales.
Al referirse a los efectos de la minería aurífera, Peña describió las explotaciones como fuentes de grandes cantidades de residuos y cuestionó el consumo de recursos naturales asociado a la obtención del metal.
Durante su participación, aseguró que producir una onza de oro requiere alrededor de 3,000 galones de agua y genera 3,000 kilogramos de desechos tóxicos. Estas cifras corresponden a sus declaraciones y no han sido verificadas de manera independiente para esta publicación.
Peña también sostuvo que el oro necesario para la ciencia y otros usos ya se encuentra en las bóvedas de los bancos centrales, argumento con el que cuestionó la continuidad de la explotación minera y sus efectos sobre la naturaleza.
No obstante, aclaró que no se opone a toda producción de minerales metálicos y no metálicos. Según explicó, su cuestionamiento se dirige al modelo extractivo y a sus posibles repercusiones sobre otros recursos, entre ellos los bosques, la pesca y el mar.
Peña acusa a Barrick Gold de influir en el Estado
Uno de los señalamientos más contundentes de Peña estuvo dirigido a Barrick Gold, empresa a la que acusó de ejercer control sobre el Estado dominicano. Durante el programa, afirmó que esa influencia explicaría, a su juicio, la defensa que algunos funcionarios hacen de los intereses de la minera.
Peña también calificó de «contrato estafa» el acuerdo con la compañía y sostuvo que los legisladores lo aprobaron sin discutirlo ni leerlo adecuadamente. Como parte de su argumento, afirmó que esa situación habría sido admitida públicamente por los propios diputados.
Estas expresiones corresponden a las acusaciones formuladas por Peña durante su participación en RD Debate y no constituyen, por sí solas, una comprobación de irregularidades contractuales o de una relación de control entre la empresa y el Estado.
El coordinador también cuestionó el cumplimiento de las obligaciones que, según indicó, la minera debe asumir en las comunidades vinculadas a sus operaciones.
En materia laboral, Peña rechazó las cifras que atribuyó a quienes sostienen que Barrick Gold concentra entre el 92 % y el 93 % del empleo en Cotuí. Para cuestionarlas, afirmó que la compañía cuenta con unos 3,000 empleados y utilizó esa cantidad para poner en duda los porcentajes mencionados.
El fragmento suministrado no incluye documentación que permita establecer el origen de esas cifras, el universo laboral utilizado para calcularlas ni la metodología de comparación. Por ello, sus afirmaciones requieren datos adicionales para determinar su alcance.
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Cuestiona el futuro de la minería y advierte sobre un yacimiento fronterizo
Peña planteó que el Gobierno debe modificar la orientación de sus políticas públicas y rechazó que el futuro económico dominicano dependa de la expansión de la minería.
Durante su participación, también se refirió a un yacimiento sulfuroso proyectado en la zona fronteriza, que describió como más grande y peligroso que el de Cotuí. Además, afirmó que estaría concesionado a empresas del sector, entre ellas Barrick Gold.
El material suministrado no contiene estudios técnicos, evaluaciones ambientales ni documentación sobre la concesión que permitan comprobar las características del yacimiento, el nivel de riesgo señalado o la participación empresarial mencionada. Por tanto, estas afirmaciones se mantienen atribuidas a Peña.
El coordinador insistió en que el debate sobre la minería debe contemplar, además de su contribución económica, los efectos ambientales que él atribuye a la actividad, la supervisión estatal y el papel de las políticas públicas en la gestión de los recursos naturales.
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