El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, en una decisión que se produce en medio de un creciente rechazo social y que, según afirmó, responde al compromiso del Gobierno con la escucha activa y la institucionalidad.
En un mensaje dirigido al país, el mandatario subrayó que la medida se fundamenta en lo establecido por la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la cual contempla que, ante un rechazo masivo de la población a proyectos de alto impacto, estos no deben continuar.
“Este Gobierno escucha. Escucha con atención, con respeto y con responsabilidad. Y cuando la ciudadanía expresa inquietudes y preocupaciones, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, expresó.
Abinader explicó que el proyecto Romero no es reciente, ya que sus orígenes se remontan a concesiones otorgadas en 2005, renovadas en 2010 y posteriormente ampliadas con estudios técnicos en 2015 y 2018. No obstante, aclaró que durante su gestión la iniciativa se ha mantenido únicamente en fase de evaluación ambiental, sin autorización para explotación.
“Mi compromiso es con el país, con su gente y con su futuro”, enfatizó.
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Presión social y movilización masiva
La decisión presidencial se produce tras una de las mayores manifestaciones registradas en la provincia de San Juan. Miles de personas se movilizaron en rechazo al proyecto impulsado por la empresa GoldQuest, en una jornada que fue calificada como histórica por los organizadores.
El vocero del Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, Rubén Moreta, aseguró que la protesta evidenció el rechazo contundente de la población a la actividad minera en la zona.
“Nunca antes en la historia social de San Juan se había producido una manifestación de este calibre”, afirmó, al tiempo que calificó la jornada como pacífica y representativa de la voluntad colectiva.
No obstante, el dirigente denunció la supuesta presencia de elementos infiltrados que habrían intentado deslucir la manifestación, acusación que atribuyó a intereses vinculados al proyecto minero.
Previo al anuncio presidencial, el movimiento había otorgado un plazo de siete días al Poder Ejecutivo para responder a sus demandas, advirtiendo que las protestas continuarían en caso de no obtener una respuesta.
Reacción del sector empresarial
La decisión del Gobierno también generó reacciones en el sector empresarial. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó su desacuerdo con la suspensión total del proyecto.
A través de su cuenta en la red social X, su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, reconoció la vocación de diálogo del mandatario, pero advirtió sobre la necesidad de preservar procesos institucionales basados en evidencia.
“El potencial de una minería responsable en República Dominicana es inmenso y puede desarrollarse con equilibrio social, ambiental y económico”, señaló.
La suspensión del proyecto Romero reaviva el debate sobre el modelo de desarrollo minero en el país, en un contexto donde convergen preocupaciones ambientales, demandas sociales y expectativas económicas.
Mientras sectores comunitarios insisten en la protección de los recursos hídricos y la vocación agrícola de la región, otros actores abogan por un enfoque que permita aprovechar el potencial minero bajo estándares sostenibles.
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