El debate sobre la minería en la República Dominicana volvió a cobrar fuerza tras el rechazo expresado por sectores comunitarios en San Juan de la Maguana a proyectos de exploración en la zona, un escenario que reactivó cuestionamientos más amplios sobre el impacto histórico y actual de la actividad extractiva en el país.
En este contexto, el ambientalista Nelson Bautista analizó las tensiones generadas alrededor de la minería y señaló que la desconfianza de las comunidades tiene raíces en experiencias previas asociadas a daños ambientales significativos. A su juicio, estos antecedentes han influido de manera directa en la percepción ciudadana y han dificultado la aceptación de nuevos proyectos.
Bautista afirmó que la minería “se ha ganado su reputación” debido a los llamados pasivos ambientales dejados por operaciones anteriores, tanto estatales como privadas. “Venimos de una minería… que nos dejó un lastre, lo que le llaman un pasivo ambiental”, señaló al referirse a impactos generados por explotaciones como Rosario Dominicana y otras actividades que utilizaron químicos contaminantes.
El especialista también citó el caso de Falcondo, indicando que sus efectos aún tienen incidencia en la contaminación de importantes fuentes de agua, como la presa de Hatillo. “Esa reputación no se recupera tan fácil”, advirtió al evaluar el legado ambiental de estas operaciones.
El ambientalista respaldó la oposición comunitaria en San Juan, especialmente por tratarse de una zona de alta fragilidad hídrica. “Soy de los que se opone rabiosamente a la explotación minera aguas arriba”, expresó.
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No obstante, planteó la necesidad de realizar un estudio ambiental estratégico independiente que permita evaluar con base científica la viabilidad de los proyectos en discusión. Señaló que este tipo de evaluación ha sido sugerida por la Academia de Ciencias y consideró que podría aportar elementos técnicos al debate.
Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite por CDN, canal 37, Bautista advirtió además que cualquier proyecto minero debe contar no solo con permisos legales, sino también con lo que definió como “licencia social”, un elemento que consideró determinante en el caso de San Juan. “Carece de algo elemental… la licencia social, y es evidente que la sociedad de San Juan no está de acuerdo”, indicó.
El ambientalista también alertó sobre los riesgos económicos y ambientales asociados a la volatilidad del mercado internacional del oro, señalando que la rentabilidad de estos proyectos puede variar y dejar impactos irreversibles si las operaciones son abandonadas. “¿Qué pasa con el pasivo ambiental? ¿Qué pasa con esa minería que ya te abrió la montaña?”, cuestionó.
Asimismo, destacó el potencial agrícola, ecoturístico y productivo de San Juan, al señalar que la provincia aún cuenta con oportunidades de desarrollo sostenible. “San Juan es un valle todavía intenso por explotar” en términos productivos, afirmó.
Finalmente, advirtió sobre las limitaciones institucionales para la supervisión ambiental en el país, al señalar que aún existen debilidades en la capacidad de control de las actividades mineras. “Nos faltan años, décadas para lograr fortalecer… la capacidad de supervisar una explotación minera”, concluyó.
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