La directora del programa Motoben y encargada del departamento de motocicletas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Margarita Rodríguez, aseguró que 82,000 mototaxistas han sido formalizados a través del plan de regularización impulsado desde esa entidad, aunque advirtió que menos de 10,000 han recibido la tarjeta de beneficios prometida por el Estado.
Rodríguez sostuvo que el programa nació como respuesta a la falta de información oficial sobre el parque de motocicletas y, en particular, sobre el motoconcho, al que definió como el segmento más informal del sistema de transporte. Explicó que, al iniciar el levantamiento de datos, encontró que no existía un estudio nacional sobre ese sector, pese a tratarse del parque vehicular más grande del país.
Durante una entrevista radial en el programa Panorama de la Mañana, Rodríguez explicó que el primer plan piloto se aplicó a unos 5,000 mototaxistas y repartidores de la provincia Santo Domingo, con el propósito de construir una base de datos que permitiera conocer la realidad del sector.
Ese levantamiento arrojó, entre otros resultados, que el 82% de los encuestados nunca había obtenido licencia de conducir, mientras que un 11% correspondía a inmigrantes y un 8% tenía antecedentes registrados, de acuerdo con los cruces realizados con la Procuraduría General de la República.
La funcionaria explicó que Motoben, fue diseñado para formalizar a quienes utilizan la motocicleta como medio de trabajo, en especial a los motoconchistas. El esquema contempla un censo por municipio, la geolocalización de las paradas y la identificación de cada uno de sus miembros, incluyendo datos personales, documentación del vehículo, seguro, licencia, matrícula y certificación de no antecedentes penales.
Rodríguez indicó que una vez una parada completa cumple con esos requisitos, puede ingresar al programa. A cambio, los conductores acceden a una ayuda social compuesta por RD$1,000 en combustible y RD$1,650 para la canasta familiar. Sin embargo, afirmó que la entrega de esos beneficios no ha avanzado al ritmo de la formalización.
“Yo prometí que quien se formalizara con el Estado tendría calidad de vida, pero no llego a 10 mil con tarjeta de Motobén. Tengo 82 mil formalizados y el Estado me tiene en rojo”, expresó.
La funcionaria aseguró que, pese a esa demora, miles de mototaxistas han decidido completar el proceso de regularización antes de recibir la ayuda, lo que, a su juicio, demuestra la disposición del sector a incorporarse a la formalidad. No obstante, insistió en que el programa todavía no ha sido asumido económicamente por el Intrant y afirmó que gran parte del trabajo de levantamiento en el territorio ha sido sostenido con recursos propios.
En ese sentido, reveló que ha financiado con dinero personal gastos de traslado, hospedaje y logística para que los técnicos puedan realizar los censos y procesos de regularización en distintas provincias. Señaló que ya se han intervenido 12 municipios, entre ellos Santiago, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Pedernales, Dajabón y Samaná, y que aún quedan dos demarcaciones pendientes.
Rodríguez también cuestionó la falta de articulación entre las instituciones del Estado en torno al problema de las motocicletas y el motoconcho. Sostuvo que, aunque ha desarrollado levantamientos y bases de datos detalladas sobre las paradas y sus integrantes, no ha sido integrada a espacios de coordinación sobre seguridad vial y control del sector.
Milton Morrison, director ejecutivo del INTRANT
Afirmó, además, que no ha recibido apoyo del director del Intrant, Milton Morrison, y que desde su designación no se ha producido una reunión de trabajo para revisar el avance del programa ni el material levantado en el territorio.
“Si yo hubiera esperado que el Intrant me dijera lo que tenía que hacer, no hubiera nada de motores”, declaró.
Como parte del proceso de formalización, Rodríguez explicó que cada parada censada queda registrada con ubicación exacta, nombre del presidente, cantidad de miembros, placas, chasis, teléfonos, documentación del motor y estatus legal de cada conductor.
Ese material, afirmó, está siendo utilizado incluso en los operativos de fiscalización desplegados recientemente, luego de que lo pusiera a disposición de las autoridades.
Relaacionada: Intrant elimina tres paradas ilegales de motoconcho durante operativos; fiscaliza a casi 100 conductores
Cobros excesivos por ruta
La directora de Motoben sostuvo que el modelo busca ordenar un sector que durante años operó al margen de controles estatales y que, en muchos casos, quedó bajo el dominio de estructuras informales. En ese contexto, denunció que motoconchistas han llegado a pagar entre RD$15,000 y RD$200,000 a dirigentes o federados para poder ocupar una parada, sin que exista un marco legal que sustente esos cobros.
A su juicio, ese esquema convirtió el acceso a los puntos de motoconcho en una economía paralela que se alimentó de la falta de regulación. Por esa razón, dijo haber dejado para una etapa posterior la intervención de algunas paradas vinculadas a grupos que se oponen al proceso de formalización.
Rodríguez afirmó que su meta es concluir la regularización de las paradas, entregar licencias de operación y, a partir de ahí, sacar de circulación a quienes continúen ofreciendo el servicio sin cumplir con la normativa.
La funcionaria también abordó la situación de los conductores extranjeros dentro del motoconcho. Aclaró que el 11% de inmigrantes identificado en los levantamientos corresponde únicamente al universo de mototaxistas censados y no al total del parque de motocicletas del país.
Según explicó, parte de esa información ya fue entregada a la Dirección General de Migración con la intención de desarrollar un plan focalizado de regularización y control.
Indicó que en los casos de extranjeros dedicados al mototaxi se optó por no sacar de inmediato a quienes ya estaban operando, sino por darles un plazo de un año para formalizarse, siempre que presentaran la documentación laboral correspondiente.
Rodríguez también planteó la necesidad de extender la fiscalización al servicio de delivery, particularmente cuando se trata de negocios que emplean conductores sin licencia ni documentación. En esos casos, consideró que la sanción no debería recaer únicamente sobre el motorista, sino sobre el propietario del establecimiento que lo contrata en condiciones irregulares.
La directora del programa defendió que el motoconcho no puede seguir siendo abordado como un fenómeno marginal o improvisado, sino como un componente real de la movilidad y de la economía popular. Aseguró que el sector resolvió durante años una necesidad de transporte que el Estado no atendió, especialmente en zonas donde no llega el transporte colectivo o masivo.
Bajo esa premisa, insistió en que el reto no es desconocer su existencia, sino aceptarlo, regularlo y convertirlo en un servicio sujeto a reglas claras. “Yo no he cambiado nada de lo que existía en el sector; lo que hice fue censar lo que estaba ahí, identificar a quienes operan y darles un año para formalizarse”, sostuvo.
Rodríguez dijo que continuará con el proceso hasta que se complete la cobertura nacional o hasta que el presidente Luis Abinader la releve del cargo. “Estoy cumpliendo con lo que dice la ley”, afirmó.
¿Ya has visitado nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete ahora!
