Todos los focos apuntan ahora a la querella interpuesta por Milton Morrison a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) contra la empresa Dekolor por supuestos intentos de sobornos, amenazas personales y otros delitos. Justo en medio de uno de los cambios más drásticos en la movilidad urbana del país.
La implementación del plan “RD se Mueve” ha dejado de ser tema exclusivo de memes y canciones virales sobre girar en Santiago o en el Malecón. Hoy, se ha convertido en un asunto serio, con impactos directos en el bolsillo, el tiempo y la salud mental de los ciudadanos.
El debate ya no es si se puede o no doblar a la izquierda, sino cuánto más combustible se estará consumiendo, qué tanto aumentará el congestionamiento en calles alternas y, sobre todo, cuán preparada está la institucionalidad para sostener una transformación de este calibre.
La medida busca descongestionar, pero podría estar trasladando el problema de una avenida a otra. Las rutas alternas recomendadas en Waze y Google Maps funcionan en la teoría, pero ¿cómo serán coordinadas con el sistema 911, que requiere inmediatez y fluidez para asistir emergencias? ¿Qué pasará con los negocios de las zonas intervenidas, cuyos clientes podrían desistir de visitarlos ante los nuevos rodeos?
La movilidad urbana requiere planificación, pedagogía y participación ciudadana. No basta con pintar flechas en el pavimento o subir actualizaciones a las apps de navegación. Hace falta ampliar datos públicos sobre los resultados esperados y reales, y una disposición a ajustar lo que no funcione, sin soberbia ni improvisación.
En lugar de confrontaciones entre actores políticos y autoridades de tránsito, el país necesita diálogo técnico, visión de largo plazo y sensibilidad con el ciudadano de a pie. Porque el tránsito no se arregla a ciegas.
