Santo Domingo, República Dominicana.— La planificación conjunta de los sectores de minería, energía y agua, la descarbonización de las operaciones extractivas y una mayor participación de las comunidades deben formar parte de las prioridades para que la transición energética contribuya al desarrollo territorial de América Latina y el Caribe.
Así lo planteó Ana Carolina González, directora sénior de Programas y Latinoamérica del Natural Resource Governance Institute (NRGI), durante la presentación del Libro Blanco de Minería y Energía de América Latina y el Caribe, realizada en Santo Domingo antes de la XI Semana de la Energía.
González señaló que la transición energética mundial está aumentando la demanda de minerales estratégicos, pero también los requerimientos de agua y electricidad de la actividad minera. Esto, sostuvo, obliga a los países a modificar la forma en que planifican estos sectores.
“Los minerales son fundamentales para la transición energética, pero su producción requiere cada vez más energía y más agua. El desafío es cómo gestionar esos recursos de manera coordinada y con una visión territorial”, explicó.
Planificación conjunta para minería, energía y agua
Como primera prioridad, González planteó avanzar hacia una planificación integrada que involucre a las instituciones públicas y los gobiernos locales.
Según explicó, en la mayoría de los países de la región los proyectos mineros, energéticos e hídricos suelen diseñarse y aprobarse por separado. Esta fragmentación, afirmó, dificulta una gestión eficiente de los recursos y limita las oportunidades de desarrollo para las comunidades donde se ejecutan las inversiones.
La coordinación entre organismos estatales y autoridades locales permitiría, de acuerdo con su planteamiento, identificar necesidades territoriales, optimizar inversiones en infraestructura y reducir conflictos asociados a la competencia por recursos estratégicos.
Minería con menor huella de carbono
La segunda prioridad señalada por González es acelerar la descarbonización de la minería, un proceso que considera necesario para la credibilidad de la transición energética.
La especialista sostuvo que una industria extractiva destinada a suministrar los minerales necesarios para las tecnologías limpias también debe reducir su impacto ambiental mediante procesos más eficientes y un menor consumo energético.
“Si hablamos de una minería que alimenta la transición energética global, también debe ser una minería eficiente y comprometida con la reducción de emisiones”, afirmó.
González recordó que los países con una fuerte actividad minera enfrentan un aumento de la demanda eléctrica del sector, impulsado por proyectos de mayor escala y por iniciativas como la desalinización de agua para procesos productivos.
Esto incrementa la necesidad de coordinar desde la planificación las necesidades de electricidad, agua e infraestructura asociadas al desarrollo de nuevos proyectos mineros.
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Comunidades en el centro de los proyectos
La tercera prioridad planteada por la representante de NRGI es colocar a las comunidades en el centro de la planificación y ejecución de los proyectos mineros y energéticos.
González explicó que una de las causas de los conflictos socioambientales en la región es que la infraestructura desarrollada para atender proyectos extractivos no siempre genera beneficios tangibles para las poblaciones cercanas.
Citó el caso de La Guajira, Colombia, una región con una importante actividad exportadora de carbón donde, según señaló, persisten bajos niveles de acceso a la electricidad en comparación con el promedio nacional.
“Las comunidades deben beneficiarse del desarrollo minero. No puede repetirse el escenario de territorios que producen recursos estratégicos para la transición energética mientras mantienen déficits en servicios básicos”, expresó.
La especialista también resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y promover experiencias de monitoreo comunitario sobre aspectos como el uso y la calidad del agua, iniciativas que, según indicó, ya se aplican en distintos países de la región.
González consideró que la convergencia entre minería, energía y agua debe comenzar desde las primeras etapas de planificación, con el propósito de prevenir conflictos y ampliar los beneficios económicos y sociales asociados a las inversiones.
