El Estrecho de Ormuz y la guerra en Medio Oriente nos recuerdan una verdad incómoda: República Dominicana no produce petróleo y depende de combustibles que compra fuera. El 18 de septiembre, el Gobierno informó que los subsidios a combustibles durante 2026 superaban los RD$33,807 millones, frente a una programación inicial de poco más de RD$13,500 millones. Para la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre, el gasoil óptimo subió RD$4 por galón y el regular RD$3, mientras se mantuvo un subsidio para limitar el aumento al consumidor.
Hay otra cuenta que el Gobierno debe mostrar. Entre enero y agosto, la DGII recaudó RD$61,775.6 millones por los impuestos específico y ad valorem a los hidrocarburos: unos RD$3,872 millones más que en igual período de 2025. Ese ingreso adicional no demuestra que el Estado gane con la crisis; tampoco borra el costo del subsidio. Exige publicar, para las mismas fechas y por combustible, cuánto se cobró en impuestos, cuánto subsidio se comprometió, cuánto se pagó efectivamente y cuál fue el balance. Los anuncios semanales no ofrecen esa conciliación.
Subsidiar durante una emergencia puede proteger a los hogares. Comprar tiempo, sin embargo, solo tiene sentido si se aprovecha para reducir el riesgo. El Gobierno anunció un Plan Anticrisis y sostuvo durante 90 días el congelamiento de varios combustibles. La pregunta pendiente es otra: ¿cuál es el plan público de abastecimiento si se prolonga una interrupción internacional o se restringe un mercado proveedor?
¿Cuántos días de gasoil tenemos, por terminal y por región? ¿Qué rutas alternativas de compra están identificadas? ¿Qué sectores recibirían prioridad ante una escasez de 30, 60 o 90 días? No hace falta revelar cada contrato comercial para publicar objetivos nacionales, protocolos y responsables. Un subsidio puede contener el precio del viernes; no consigue por sí solo el combustible que necesitarían los camiones el lunes.
La discusión en Estados Unidos vuelve urgente esa preparación. El presidente Donald Trump respaldó la idea de restringir las exportaciones de diésel. Dentro de su Gobierno hay discrepancias: el secretario de Energía, Chris Wright, advirtió que una prohibición podría reducir la actividad de las refinerías y encarecer otros combustibles. La Casa Blanca negó que preparara una prohibición de 90 días. No existe una prohibición aprobada, pero esperar a que exista para calcular sus posibles efectos sería irresponsable.
La primera respuesta debe ser ampliar nuestra capacidad de almacenar combustibles terminados, especialmente gasoil, con criterios de seguridad y distribución territorial. Refidomsa ha impulsado un proyecto para ampliar el almacenamiento de GLP; corresponde informar cuál es su capacidad disponible y qué experiencia deja para otros combustibles. Ahora se necesita publicar los días de cobertura de los productos críticos, definir metas y presentar proyectos concretos de tanques, terminales y logística. Almacenar más no elimina el costo internacional, pero da tiempo para buscar otros proveedores y proteger el suministro de alimentos, el transporte público y los servicios esenciales.
La segunda respuesta exige pensar en grande sobre Refidomsa. El propio Gobierno ha señalado que el país refina alrededor del 20 % de lo que consume. Además del petróleo caro, pagamos el encarecimiento de los combustibles ya refinados. Propongo estudiar una ampliación capaz de cubrir una porción mucho mayor de la demanda interna, sobre todo de gasoil, y evaluar con números abiertos si existiría escala para colocar excedentes. El objetivo primero es reducir nuestra exposición al mercado de productos terminados y construir capacidad industrial.
No presento esa ampliación como solución instantánea ni como cheque en blanco. El crudo también habría que importarlo. Un estudio independiente debe comparar el costo de modernizar y ampliar la refinería con el de seguir importando derivados; examinar qué crudos procesaría, cuánto diésel produciría, qué otros productos resultarían, cuánto costaría financiarla y a qué mercados podría vender, si acaso. Si los resultados respaldan la inversión, el país no debe renunciar a ella por falta de iniciativa estatal.
La tercera respuesta es consumir progresivamente menos combustible importado. La generación solar y eólica ya desplaza parte de la generación térmica cuando produce. Las baterías permiten aprovechar más energía renovable en otras horas y estabilizar la red. No son depósitos capaces de abastecer al país durante meses; deben dimensionarse para funciones y tiempos concretos. La Comisión Nacional de Energía ha anunciado proyectos con almacenamiento. Falta un calendario público que diga cuánta capacidad entrará en servicio, dónde, cuándo y a qué costo.
Aquí el Estado debe ser protagonista. En una emergencia energética no basta con esperar a que cada proyecto privado encuentre solo financiamiento y rentabilidad. Allí donde el almacenamiento o la infraestructura eléctrica sean estratégicos, el Estado puede invertir directamente, contratar obras y asociarse con capital privado bajo reglas transparentes. Una vez operativos y valorados los proyectos, puede evaluar la entrada de inversionistas mediante participaciones accionarias, conforme al marco legal y preservando el control que corresponda al interés público. Invertir ahora puede crear activos nacionales, no solo obligaciones presupuestarias.
Bandex puede canalizar recursos como banco de segundo piso hacia entidades que financien baterías y eficiencia energética. Banreservas y otras entidades pueden originar créditos; el Banco Agrícola debe ayudar a productores y agroindustrias a recortar costos energéticos. Cada institución necesita una función definida, metas y rendición de cuentas.
La cuarta respuesta es financiar masivamente la renovación del transporte que mueve al país. Camiones y furgonetas de distribución de alimentos, autobuses, conchos y motocicletas de reparto no deben quedar fuera de la transición por falta de crédito. Hacen falta líneas de largo plazo, cuotas compatibles con el ahorro en combustible y garantías para operadores organizados. La escala debe crecer por etapas: primero, rutas y flotas con recorridos previsibles, lugares de carga seguros y capacidad eléctrica suficiente; después, extender el programa según resultados.
Eso requiere estaciones de carga en terminales, mercados mayoristas y corredores del Cibao, el Sur, el Este y la frontera, con estándares de seguridad, mantenimiento y tarifas previsibles. Financiar motocicletas eléctricas sin resolver cómo y dónde se cargarán repetiría el error de anunciar infraestructura sin planificar su uso.
La misma lógica de reducir importaciones debe llegar a la Ley 57-07 y a los biocombustibles. Esa ley ofrece incentivos a tecnologías renovables y contempla proyectos comunitarios de hasta 500 kilovatios. El nuevo reglamento de generación distribuida fija un máximo de 45 días para responder solicitudes. Hay que verificar que ese plazo se cumpla y que pequeños productores, cooperativas y empresas accedan a los beneficios sin trámites interminables. Los biocombustibles merecen estudios serios: etanol para sustituir parte de la gasolina y biodiésel, comenzando por aceites usados, para recortar parte del gasoil sin desplazar tierras de alimentos.
La Estrategia Nacional de Desarrollo nos pide reducir vulnerabilidades estructurales. Eso significa usar el subsidio como alivio temporal mientras construimos reservas de combustibles, evaluamos ampliar nuestra refinación, instalamos almacenamiento eléctrico y financiamos un transporte menos dependiente del petróleo importado. El Gobierno ya ha mostrado cuánto está dispuesto a destinar para contener los precios. Debe publicar el balance entre impuestos y subsidios, y mostrar qué está dispuesto a invertir para transformar esa dependencia.
Esperar el anuncio de cada viernes no puede seguir siendo nuestra política de seguridad energética.
