Panamá.- El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados el Proyecto de Ley 10-26, que modifica el Texto Único de la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que establece el marco regulatorio del sector eléctrico, con medidas dirigidas a beneficiar a los consumidores del servicio público de electricidad.
La iniciativa busca fortalecer las reglas que rigen el servicio y atender el deterioro que, según explicó Orillac, ha experimentado la calidad del suministro eléctrico, situación que durante las últimas décadas se ha reflejado en fluctuaciones de voltaje e interrupciones frecuentes que han provocado daños en equipos y electrodomésticos de los usuarios.
El proyecto plantea reforzar el régimen de derechos de los clientes y, al mismo tiempo, ampliar las obligaciones de las empresas distribuidoras. También incorpora disposiciones destinadas a mejorar la transparencia de la información que reciben los consumidores.
Entre las modificaciones propuestas figuran cambios en los plazos establecidos para la atención de reclamos y el reconocimiento de créditos a favor de los usuarios cuando las distribuidoras incumplan las normas de calidad del servicio.
La propuesta también contempla herramientas regulatorias para permitir una supervisión más efectiva por parte de la autoridad competente.
Multas y compensaciones a los usuarios
De acuerdo con lo presentado por el ministro de la Presidencia, las nuevas disposiciones buscan equilibrar la relación entre las empresas prestadoras del servicio y sus clientes.
El proyecto establece, además, que las multas impuestas a las empresas distribuidoras se hagan efectivas y que esos recursos lleguen al cliente afectado.
La iniciativa también incorpora reglas relacionadas con la calidad y continuidad del suministro, con el propósito de fortalecer la capacidad del sistema para prevenir, fiscalizar y responder ante las interrupciones del servicio.
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Otro de los componentes del proyecto está relacionado con la renovación de las concesiones de distribución en 2028, para lo cual se plantea preparar las condiciones para una mayor competencia en el sector.
En materia de acceso al servicio eléctrico, la propuesta incorpora la participación de las empresas distribuidoras en las labores de la Oficina de Electrificación Rural (OER), particularmente para llevar electricidad a comunidades cuyo acceso resulta más difícil y costoso.
El Proyecto de Ley 10-26 fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 16 de junio.
Durante la presentación ante la Asamblea Nacional de Diputados, Orillac estuvo acompañado por el secretario de Energía, Rodrigo Rodríguez, y Edgardo Lasso, de la Oficina de Consejo de Gabinete.
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