La Ley 6 de 1997, que regula el sector eléctrico panameño, se ha quedado obsoleta frente a los retos actuales de sostenibilidad, competitividad y acceso democrático a la energía. Así lo afirmó Rosilena Lindo Riggs, Asesora Global en Energía y Clima, quien advierte que el país necesita una reforma integral que alinee su marco legal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y facilite la transición energética. “Hace 28 años fue la reforma sectorial que originó la privatización, y ahora tenemos responsabilidades energéticas que cumplir con la ciudadanía”, señaló Lindo Riggs.
Prosumidores, competencia y almacenamiento: ejes de la reforma
La experta plantea que Panamá debe reconocer legalmente al prosumidor energético —usuarios que generan y consumen su propia energía—, otorgándoles derechos y un papel activo en el mercado. También propone abrir el sector a comercializadores de energía que compitan con las distribuidoras, ampliando la oferta de precio y calidad para los usuarios.
Otro cambio prioritario sería incorporar el almacenamiento de energía como actividad regulada dentro del servicio público, lo que reforzaría la resiliencia del sistema y aprovecharía mejor las fuentes renovables ante el cambio climático.
Además, sugiere habilitar bancos de pruebas regulatorios para adaptarse a la innovación tecnológica y fortalecer la capacidad de fiscalización del regulador, mejorando la medición, sanción y gestión del sistema eléctrico.
Institucionalidad y liderazgo energético
Según Lindo Riggs, la reforma también debe incluir un fortalecimiento institucional, en especial de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), que podría elevarse a rango ministerial para ganar peso en el aparato estatal. Esto permitiría coordinar políticas, liderar proyectos y acelerar la transición energética en todo el país.
La propuesta cobra relevancia en un momento de cambio de liderazgo, con la designación de Rodrigo Rodríguez Jaramillo como nuevo Secretario Nacional de Energía por el presidente José Raúl Mulino, en reemplazo de Juan Manuel Urriola. Rodríguez, ingeniero eléctrico con más de tres décadas de experiencia, asumirá el reto de impulsar esta modernización.
Oportunidad estratégica para Panamá
La necesidad de actualizar la legislación coincide con el lanzamiento, en julio, de la primera licitación para contratos de 20 años destinados a nuevas centrales hidroeléctricas, eólicas y solares, un paso que refuerza la urgencia de contar con un marco regulatorio moderno y flexible que atraiga inversiones y reduzca emisiones. “El 30 % de las 266 líneas de acción de la Agenda de Transición Energética requieren ajustes legales y regulatorios”, precisó Lindo Riggs.
Panamá, subraya la asesora, tiene ante sí una oportunidad única para consolidarse como líder regional en transición energética, siempre que logre modernizar su ley eléctrica y fortalecer su institucionalidad.
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