En el 2024, las distribuidoras de electricidad estatales (EDE) representaron uno de los principales focos de gasto público ineficiente en la República Dominicana. De acuerdo con un análisis de Miguel Collado Di Franco, investigador del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), el Gobierno destinó US$1,769 millones a cubrir las pérdidas de las EDE, una suma equivalente al 1.4 % del producto interno bruto (PIB).
Este monto supera en 1.6 veces lo invertido en seguridad ciudadana y justicia, que apenas alcanzó el 0.9 % del PIB, unos US$1,144 millones. La comparación evidencia no solo un problema fiscal persistente, sino también un desafío en la asignación de prioridades del gasto público.
Las causas de este drenaje de recursos están claras: en el 2024, las EDE no pudieron cobrar el 42.2 % de la energía que compraron. De este porcentaje, el 37.6 % ni siquiera fue facturado y el 4.6 % restante, aunque facturado, no fue cobrado. Es decir, más de cuatro de cada diez pesos invertidos en energía terminaron en pérdidas directas para el Estado.
Un problema fiscal y moral
Aunque la preocupación por las pérdidas de las EDE se ha centrado en su impacto fiscal —al punto de representar casi la mitad del déficit promedio de los últimos cinco años—, Collado Di Franco advierte que también existe una dimensión moral. El ciudadano, que no puede reclamar participación ni dividendos de estas empresas públicas, termina obligado a cubrir sus déficits con impuestos.
«La propiedad de las EDE debería pasar a manos de entidades reconocidas, solventes y con riesgo reputacional», señala el análisis. La propuesta no se limita a una privatización simple, sino que plantea la necesidad de contar con gestores que tengan incentivos reales para actuar con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Por el contrario, el modelo propuesto por las autoridades, que considera subcontratar la administración de las EDE en el futuro, dejaría a los contribuyentes la carga de las inversiones necesarias, sin garantías de reducir las pérdidas actuales. «Se adquirirían recursos en forma de impuestos futuros (deuda pública), sin compromisos de eficiencia», puntualiza.
El incentivo que falta
Collado Di Franco recuerda que lo que impulsa al emprendedor o empresario a actuar con eficiencia es no perder su patrimonio y hacer que su riqueza crezca. Esa lógica, afirma, debe aplicarse también al negocio de distribución eléctrica. «Es una actividad económica más, compleja sí, pero no exenta de reglas básicas de gestión y responsabilidad».
La permanencia de las EDE bajo control estatal sin consecuencias claras por su ineficiencia, genera complacencia y perpetúa el ciclo de pérdidas. Para romperlo, la solución no puede seguir postergándose. «El país no puede darse el lujo de mantener un sistema que consume más que la seguridad de su gente», concluye el análisis.
 absorbieron el 1.4 % del PIB en subsidios, superando en un 60 % el gasto público en seguridad ciudadana.){kind=link}