El gran desafío que se abre con la intervención militar y la captura de Nicolás Maduro, que según fuentes anónimas revelaron al medio The New York Times dejaron a más de 40 muertos en territorio Venezolano, es evitar que una supuesta “recuperación” basada en el petróleo repita el ciclo histórico de riqueza concentrada, dependencia y deterioro institucional. Esto ocurre en un contexto donde ni la estabilidad política ni el Estado de derecho están garantizados, lo que limita la capacidad real de transformar el potencial petrolero en bienestar sostenible.
Reconstruir una industria “maltrecha”
La industria petrolera venezolana está descrita por los especialistas como prácticamente destruida: hoy produce menos de un tercio de lo que bombeaba cuando Chávez llegó al poder, tras años de decisiones arbitrarias, corrupción y subinversión. Para revertir esta situación se necesitarían decenas de miles de millones de dólares en capital en los próximos años, algo imposible sin un entorno previsible para las empresas, con marcos regulatorios estables y respeto efectivo a los contratos.
Incluso con Maduro fuera del poder, los analistas subrayan que no se cumplen las tres condiciones básicas para atraer inversiones masivas: estabilidad política, Estado de derecho y garantías claras de propiedad. El reto de la intervención no es solo militar ni técnico, sino institucional: sin reformas profundas que protejan derechos y reglas de juego, la promesa de reflotar el sector petrolero corre el riesgo de quedarse en discurso, y por ende que la gente siga alegaja del estado de bienestar que el crudo promete.
La “Venezuela saudita”: riqueza sin transformación
En los años setenta, el aumento global del precio del crudo convirtió a Venezuela en uno de los países más ricos de América Latina en términos de ingreso per cápita, lo que llevó a que se la apodara “Venezuela saudita”. La expresión alude a la comparación con Arabia Saudita: un Estado con enormes ingresos petroleros que financió gasto público masivo, grandes obras y un fuerte boom de consumo interno, sin transformar de fondo su estructura productiva.
Durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974 1979), la renta petrolera permitió expandir aceleradamente la clase media urbana, con símbolos muy visibles de abundancia: viajes frecuentes a Miami, compra de bienes importados y estilos de vida asociados a un “país rico”. Sin embargo, esa bonanza convivió con una distribución muy desigual del ingreso y con la expansión de barrios pobres en los cerros, porque buena parte de la riqueza se concentró en élites y capas medias, mientras las mayorías no accedían a la misma calidad de servicios y oportunidades.
Además, el modelo era frágil: dependía casi exclusivamente del precio internacional del petróleo y del endeudamiento, por lo que cuando el crudo dejó de subir y llegó la devaluación de 1983, el país entró en una crisis que reveló lo superficial de aquella prosperidad. “Venezuela saudita” se usa hoy, precisamente, como síntesis crítica de ese ciclo de riqueza petrolera sin diversificación productiva y sin una redistribución realmente equitativa, cuyos costos sociales siguen presentes en la desigualdad y en la vulnerabilidad económica actuales.
Evitar repetir el ciclo en la nueva fase
Venezuela conserva enormes reservas y sigue siendo atractiva para las grandes petroleras, pero gran parte de su crudo es extrapesado, más costoso de extraer y procesar, y muchas reservas no están sólidamente certificadas, lo que hace lenta y compleja la materialización de esa riqueza. El verdadero reto es no volver a un modelo de “Venezuela saudita”, donde la renta financia élites, consumo y obras espectaculares mientras deja fuera a las mayorías, reproduciendo desigualdades y pobreza estructural.
Las voces que analizan el futuro del país insisten en que la lección pendiente es transformar el barro negro en riqueza distribuida de forma más equitativa, usando la renta para sostener educación, salud, infraestructura y oportunidades compartidas, y no solo para pagar intervenciones o alimentar burbujas de consumo. En este sentido, el éxito o fracaso de la intervención se medirá menos en barriles producidos y más en la capacidad de romper el patrón histórico de un país rico en petróleo, pero pobre en justicia social.
Las voces y plumas más optimistas esperan que los “presos y muertos” del régimen de Maduro, así como los muertos generados por los norteamericanos en una “incursión” efímera a Venezuela para “llevarse” y reducir a prisión a Maduro, sirvan de sacrificio para la Venezuela prometida, pero que ni la “derecha” ni el “socialismo” pudieron entregar a los venezolanos.
