El sistema eléctrico dominicano continúa atrapado en un círculo de ineficiencias que consume recursos muy superiores a los destinados para corregir sus problemas estructurales, según un informe técnico presentado por la Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
De acuerdo con el documento, firmado por el titular de esa secretaría, Martín Matos, el costo anual de la energía que se pierde en el país asciende a US$1,278.3 millones, una cifra que supera en 6.6 veces los recursos que el Estado destina a reparar y modernizar la infraestructura eléctrica.
El análisis sostiene que la situación refleja una profunda fragilidad financiera en las empresas distribuidoras de electricidad, cuyo desempeño continúa afectado tanto por pérdidas técnicas como por problemas de cobranza.
Según el informe, el indicador que mejor refleja la eficiencia real del sistema es el Índice de Recuperación de Ingresos (CRI), que mide la capacidad de las distribuidoras para recuperar en caja los recursos asociados a la energía comprada e inyectada a la red.
Ese indicador se situó en 59%, lo que significa que el sistema deja de recuperar el equivalente al 41% de los recursos involucrados en la cadena de suministro eléctrico.
“El indicador real de eficiencia global del sistema es el Índice de Recuperación de Ingresos (CRI), el cual se situó en un preocupante 59.0%”, señala el documento.
La evaluación combina las pérdidas físicas —energía comprada que no logra ser facturada debido a fallas técnicas o conexiones irregulares— con las pérdidas comerciales, correspondientes a energía facturada que posteriormente no es pagada por los usuarios.
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A partir de ese análisis, el PLD concluye que la ineficiencia total del sistema alcanza un 41%.
Uno de los principales hallazgos del estudio es el impacto económico asociado a cada punto porcentual de pérdida.
De acuerdo con los cálculos realizados, cada 1% de pérdida representa US$31.18 millones anuales en costos directos de adquisición de energía.
Sin embargo, el informe sostiene que el impacto real para las finanzas públicas es todavía mayor.
“Para las finanzas públicas y el presupuesto del Estado, el impacto real ronda entre los US$40 y US$42 millones anuales por cada punto de pérdida”, indica el documento.
La diferencia se explica porque el déficit generado por las pérdidas energéticas arrastra otros costos operativos y financieros que terminan siendo absorbidos por el Estado a través de subsidios y transferencias al sector.
La Secretaría de Energía y Minas del PLD estima que las pérdidas por energía no facturada alcanzan un 38.8%, mientras que las pérdidas derivadas de energía facturada y no cobrada representan un 3.6%.
La suma de ambos componentes genera, según el análisis, una pérdida económica directa de US$1,278.3 millones cada año.
Para el partido opositor, el problema no radica únicamente en el volumen de pérdidas, sino en la forma en que se utilizan los recursos públicos destinados al sector eléctrico.
El informe argumenta que una parte importante de los fondos estatales continúa orientándose a cubrir déficits operativos e indexaciones, en lugar de financiar inversiones estructurales capaces de reducir las pérdidas de manera permanente.
En ese sentido, sostiene que el costo anual de la energía que se pierde en el país supera ampliamente los niveles de inversión dirigidos a la modernización del sistema.
Las cifras citadas por el documento indican que el Estado destina aproximadamente US$192.4 millones a trabajos de reparación y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, monto considerablemente inferior al costo asociado a las pérdidas.
El PLD considera que esta situación genera un esquema de dependencia permanente de subsidios y limita la capacidad del sistema para mejorar sus indicadores de desempeño.
“Mientras el flujo de capital público se queme en subsidiar el déficit operativo diario e indexaciones en lugar de destinarse con agresividad a la inversión estructural en redes de baja tensión y macromedición, el Estado dominicano seguirá absorbiendo un impacto fiscal devastador”, concluye el informe.
La organización política sostiene que la solución pasa por acelerar las inversiones en infraestructura de distribución, fortalecer los sistemas de medición y reducir las pérdidas que continúan drenando recursos del sector eléctrico.
A juicio de la Secretaría de Energía y Minas del PLD, sin una estrategia enfocada en disminuir las pérdidas y elevar los niveles de recuperación de ingresos, las distribuidoras continuarán enfrentando problemas financieros y el Estado seguirá asumiendo una carga fiscal creciente para sostener la operación del sistema.
