Santo Domingo.– Los recursos públicos destinados funcionalmente al transporte de carretera y la seguridad vial aumentaron de RD$18,786 millones en 2015 a RD$45,791 millones en 2024, mientras el país mantiene una elevada incidencia de accidentes de tránsito. Ante esta realidad, el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2025-2028 plantea reducir en al menos 4,000 las muertes por accidentes de tránsito durante el cuatrienio.
El diagnóstico de la política de Comunicación y Seguridad Vial identifica la alta incidencia de accidentes de tránsito como uno de los principales desafíos para proteger la vida y mejorar la calidad de vida de la población. El documento plantea que enfrentar esta situación requiere intervenciones coordinadas en distintos ámbitos.
La estrategia contempla acciones sobre la infraestructura vial, las condiciones del parque vehicular, la educación vial y el fortalecimiento institucional, debido a que los factores asociados a los siniestros trascienden el volumen de vehículos que circulan por las calles y carreteras.
El PNPSP establece que estas áreas deben articularse para avanzar hacia entornos de movilidad más seguros, reducir los riesgos para los usuarios de las vías y enfrentar las causas estructurales que mantienen elevada la siniestralidad vial en el país.
Mortalidad vial permanece en niveles elevados
El diagnóstico establece que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito alcanzó 27.52 muertes por cada 100,000 habitantes en 2024, un resultado que, de acuerdo con el documento, se mantiene en niveles cercanos a los 29.1 registrados en 2019.
La evolución también muestra que la reducción de la movilidad durante la pandemia no produjo un cambio estructural en el comportamiento de este indicador. En 2020, cuando las restricciones sanitarias redujeron considerablemente la circulación vehicular, la tasa se ubicó en 25.9 muertes por cada 100,000 habitantes.
Para el PNPSP, este comportamiento evidencia que la magnitud del problema no puede explicarse únicamente por la cantidad de vehículos que transitan por las calles y carreteras, sino que existen factores estructurales que permanecen independientemente de las condiciones de circulación.
El indicador de lesionados presenta, además, una trayectoria ascendente. En 2019 se registraban 108.3 lesionados por cada 10,000 habitantes, mientras que en 2020 la cifra descendió a 79.9, en medio de las restricciones provocadas por la pandemia.
Sin embargo, posteriormente el indicador volvió a aumentar hasta alcanzar 135.0 lesionados por cada 10,000 habitantes en 2024, la cifra más elevada del período comprendido entre 2016 y 2024.
El documento considera que el comportamiento simultáneo de las muertes y los lesionados refleja la insuficiencia de las intervenciones aplicadas hasta ahora para modificar las causas estructurales de los accidentes de tránsito.
Uno de los principales factores de vulnerabilidad identificados en el diagnóstico corresponde a los motociclistas. Durante 2024, este grupo representó el 65.8 % de las personas fallecidas en accidentes de tránsito y el 65.7 % de los lesionados.
Los hombres concentraron, por su parte, el 84.9 % de las muertes, mientras que las personas de entre 15 y 39 años representaron el 61.5 % de los fallecimientos. Dentro de ese grupo, las personas de 20 a 24 años fueron las más afectadas, con el 17.6 % de las muertes.
La concentración de las víctimas en población joven y económicamente activa amplía, según el diagnóstico, las consecuencias sociales y económicas de los siniestros viales.
El problema también presenta una concentración territorial. La Autopista Duarte registró el 32.1 % de los accidentes ocurridos en vías principales durante 2024, seguida por la Carretera Sánchez, con 15.7 %, y la avenida 27 de Febrero, con 7.0 %. Además, las carreteras troncales concentran el 60 % de las muertes por siniestros viales.
El PNPSP identifica cuatro dimensiones principales detrás de la persistencia de esta situación: las condiciones de las vías, el estado del parque vehicular, los comportamientos de los usuarios y las debilidades institucionales.
En materia de infraestructura, el documento recoge los resultados de una evaluación realizada en 2021 por el International Road Assessment Programme (iRAP), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre 751 kilómetros correspondientes a los tres principales corredores viales del país.
La evaluación otorgó calificaciones de entre una y tres estrellas, sin que ninguno de los corredores evaluados alcanzara la máxima puntuación de seguridad.
Entre las dificultades identificadas figuran problemas relacionados con la señalización, el control de velocidad, la iluminación, el drenaje y el trazado vial. El diagnóstico plantea que estas condiciones forman parte de los elementos que deben ser atendidos para avanzar hacia vías más seguras.
Más de seis millones de vehículos circulan en el país
El estado del parque vehicular constituye la segunda dimensión señalada por el PNPSP. Para 2024, República Dominicana registraba 6,194,052 vehículos, de los cuales el 57 % correspondía a motocicletas.
Además, el 83.5 % del parque vehicular total correspondía a unidades del año 2020 o anteriores, lo que configura una flota con elevados niveles de obsolescencia.
El diagnóstico también cita un estudio observacional realizado por OPSEVI/INTRAS sobre 29,397 motocicletas.
Según sus resultados, más del 50 % circulaba con luces faltantes, mientras que el 66.6 % no contaba con retrovisores, condiciones que refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de inspección y control técnico vehicular.
Digesett registró 461,425 infracciones en 2024
La tercera dimensión corresponde a los comportamientos de los conductores y demás usuarios de las vías. Durante 2024, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) registró 461,425 infracciones.
La falta de uso del casco por parte de motociclistas fue la infracción más frecuente, seguida de la circulación sin el seguro obligatorio, con 153,346 casos, y conducir sin licencia o con una licencia vencida, con 135,346 casos.
Para el documento, estas cifras reflejan brechas persistentes tanto en el cumplimiento de las normas como en la cultura vial. A esto se suma una debilidad en el régimen de consecuencias: aproximadamente el 70% de las multas de tránsito impuestas entre 2020 y 2023 no fueron saldadas.
El PNPSP señala además que instrumentos contemplados en la Ley 63-17, como la Licencia de Conducir por Puntos, la Inspección Técnica Vehicular y los reglamentos de educación vial, todavía no han sido implementados plenamente.
En cuanto a la utilización de los recursos públicos, el Plan de Gobierno 2024-2028 identifica necesidades de inversión en diferentes áreas vinculadas con la movilidad y la seguridad vial.
Entre ellas figuran el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, programas de movilidad segura y sostenible, la rehabilitación y mantenimiento vial, la semaforización y la creación de 20,000 parqueos públicos.
También contempla proyectos destinados a mejorar la conectividad regional en los corredores Norte, Higuamo y Yuma. El documento plantea que estas intervenciones deben formar parte de una política que no se limite a atender la movilidad, sino que incorpore de manera transversal la seguridad de quienes utilizan las vías.
La meta: 4,000 muertes menos durante el cuatrienio
El Gobierno establece como meta para el período 2024-2028 lograr una reducción de al menos 4,000 muertes asociadas a los accidentes de tránsito.
El objetivo incluye además disminuir en 25 % los costos relacionados con los traumas provocados por los siniestros viales. La meta busca acercar al país a estándares de seguridad vial comparables con los de los países de mejor desempeño de América Latina.
Para alcanzar esos resultados, el PNPSP plantea que la coordinación entre las instituciones, la digitalización de los procesos y la educación vial sistemática deben convertirse en componentes permanentes de la política pública y no permanecer como acciones aisladas.
La política tiene una estructura multisectorial encabezada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que actúa como órgano rector y tiene bajo su responsabilidad el diseño, coordinación y ejecución de la política nacional.
El MOPC tiene a su cargo la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, mientras que la Digesett es responsable de la fiscalización y el control del tránsito en las vías públicas.
También intervienen el Ministerio de Educación (MINERD), en materia de educación vial; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en educación para la salud y atención a las víctimas; y la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en aspectos relacionados con la regulación del parque vehicular. Los gobiernos locales participan igualmente en la gestión de la movilidad municipal.
Plantean fortalecer fiscalización y control del parque vehicular
Entre las prioridades de corto plazo, el PNPSP plantea completar la implementación de los instrumentos pendientes establecidos por la Ley 63-17 y establecer mesas técnicas interinstitucionales para levantar información sobre los seguros obligatorios y el cumplimiento de las normas. En el mediano plazo, propone avanzar hacia mecanismos de fiscalización más efectivos.
Entre las medidas planteadas figura vincular el cumplimiento de los seguros obligatorios con registros administrativos, licencias, matrículas y permisos de operación, además de desarrollar sistemas que permitan mejorar la trazabilidad del parque vehicular.
El plan también contempla fortalecer mecanismos de colaboración público-privada para financiar infraestructura vial, con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las intervenciones sin que ello implique un aumento proporcional del gasto público directo.
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El diagnóstico del PNPSP muestra así una brecha entre el volumen de recursos destinados funcionalmente al transporte de carretera y la seguridad vial y los resultados que todavía presenta el país en materia de siniestralidad.
Mientras el presupuesto funcional pasó de RD18,786millonesen2015 a RD45,791 millones en 2024, la tasa de mortalidad vial permaneció en 27.52 muertes por cada 100,000 habitantes en 2024, mientras que los lesionados alcanzaron su nivel más alto del período analizado.
El desafío planteado para 2024-2028 es convertir las inversiones y las intervenciones institucionales en resultados medibles: 4,000 muertes menos y una reducción de 25 % en los costos asociados a traumas.
El PNPSP vincula este desafío con los compromisos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, especialmente su Objetivo General 3.3, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS 3, 11 y 13.
La política también se articula con el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, impulsado por la OMS y las Naciones Unidas, y con el Plan Estratégico Nacional para la Seguridad Vial 2021-2030 vigente en República Dominicana.
El documento plantea que tanto los desafíos establecidos por la END al 2030 como los compromisos internacionales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un sistema de movilidad más seguro mediante la combinación de reformas institucionales, cambios normativos y mecanismos de financiamiento.
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