Santo Domingo.- La sostenibilidad de la minería en República Dominicana volvió a generar posiciones encontradas durante la más reciente edición de RD Debate 2026, donde representantes de los sectores minero, académico y ambiental expusieron sus diferencias sobre las condiciones que debe cumplir la actividad extractiva para equilibrar sus beneficios económicos, sociales y ambientales.
Durante el intercambio, el director general de Minería, Rolando Muñoz, defendió que los proyectos mineros pueden contribuir al desarrollo de las regiones más allá de los ingresos que generan, mientras otros participantes cuestionaron la capacidad del Estado para garantizar la protección ambiental, la transparencia de las operaciones y los derechos de las comunidades.
La discusión partió de una pregunta dirigida a los panelistas sobre cuál de los tres pilares de la minería sostenible, económico, social y ambiental, consideran que necesita mayor atención y qué medidas permitirían superar esas debilidades.
Al responder sobre la capacidad del Estado dominicano para garantizar de manera transversal los tres pilares de la sostenibilidad minera, Muñoz respondió afirmativamente y sostuvo que la actividad extractiva debe desarrollarse bajo los mismos criterios de sostenibilidad que otros sectores económicos, como el turismo, la agricultura y la infraestructura.
El funcionario señaló que la sostenibilidad no debe evaluarse únicamente desde la protección del agua, la flora y la fauna, sino que también debe considerar el desarrollo que los proyectos pueden llevar a las regiones donde operan.
Para ilustrar su planteamiento, citó el caso del municipio de Cotuí, donde, según explicó, la actividad minera se desarrolla desde 1975 y ha estado vinculada a la construcción de infraestructuras y al fortalecimiento de los servicios educativos.
Entre sus ejemplos mencionó una presa que describió como la más importante de República Dominicana y del Caribe, cuya construcción atribuyó a los recursos generados durante la primera etapa de Rosario Dominicana. Explicó que esa infraestructura es responsable de generar recursos y contribuir a la producción de alimentos en el Bajo Yuna.
También destacó la presencia de universidades en Cotuí que, según indicó, gradúan a miles de profesionales cada año, gracias a los recursos provenientes de la minería que permitieron impulsar esos centros educativos en su provincia.
Muñoz sostuvo que esa transferencia de recursos de una actividad económica finita hacia el desarrollo humano constituye una dimensión de la sostenibilidad, porque permite que las comunidades mantengan estructuras productivas y oportunidades de desarrollo después de que concluyan las operaciones mineras.
Por su parte, el director del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD), Fernando A. Peña Segura, consideró que los problemas de la minería en el país no pueden limitarse a una discusión técnica, sino que deben abordarse desde el cumplimiento de las leyes, los derechos de las comunidades y las garantías de transparencia.
Peña Segura cuestionó que legisladores hayan admitido que el contrato minero más importante en esta materia fue aprobado sin haber sido leído y señaló que tampoco se conocen de manera auditada los resultados de Barrick Gold.
También puso en duda el cumplimiento del aporte del 5% destinado a las comunidades. Según planteó, ese compromiso no se estaría cumpliendo como un pago especial para esas poblaciones y se pretende equipararlo con el impuesto sobre la renta. En ese contexto, afirmó que se reportaron pagos de RD$200 millones durante cinco años consecutivos, como si el beneficio neto de la empresa permaneciera fijo.
El académico agregó que en el país persisten dificultades para garantizar los derechos de las comunidades y aplicar mecanismos efectivos de consulta previa. Como ejemplo de sus cuestionamientos sobre la transparencia, mencionó el estudio relacionado con los riesgos y el documento presentado por Barrick Gold para obtener autorización para avanzar en la construcción de una nueva presa de cola. Cuestionó que esa documentación estuviera en inglés y que el Gobierno la recibiera en esas condiciones.
A partir de esos señalamientos, Peña Segura sostuvo que la discusión sobre la minería debe centrarse en los derechos, la aplicación de la ley y la salud de la población, y no exclusivamente en los aspectos técnicos de los proyectos.
El ingeniero geólogo Osiris de León afirmó que la minería, al igual que la agricultura, la ganadería y la silvicultura, está obligada a desarrollar sus actividades bajo criterios de sostenibilidad.
De León planteó que el Estado podría destinar un 10% de los impuestos que genera anualmente la minería del oro, que cifró en RD$40,000 millones, al tratamiento ambiental de las zonas donde se desarrolla esa actividad y al cumplimiento de compromisos sociales.
A su juicio, uno de los problemas es que los recursos ingresan al Fondo General de la Nación y posteriormente se distribuyen entre las distintas necesidades del país, sin priorizar necesariamente a las comunidades ubicadas en los entornos mineros.
Los costos ambientales y la planificación territorial
El director de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Carvajal Núñez, sostuvo que los costos ambientales deben formar parte de la estructura económica de cualquier proyecto minero y calcularse antes de determinar sus beneficios.
Carvajal consideró que la sostenibilidad no puede quedarse en un discurso, sino que debe construirse en los territorios y partir de evaluaciones estratégicas que contemplen el impacto de los proyectos sobre el conjunto de las zonas donde se desarrollan.
Como ejemplo, mencionó el proyecto Romero y sostuvo que debe analizarse dentro de un distrito minero que, según explicó, se extiende desde Padre Las Casas hasta la frontera y comprende 912 kilómetros de concesiones. Aunque aclaró que no todas serán explotadas, advirtió que la existencia de esas concesiones ya incide en la seguridad jurídica de las personas que viven en esos territorios, debido a las limitaciones e incertidumbres que enfrentan sobre el futuro de sus propiedades.
El ambientalista también cuestionó la actuación del Estado frente a las empresas mineras y consideró que debe responder al bien común y a las necesidades de la sociedad dominicana.
En una posición contraria a quienes defienden la posibilidad de una minería sostenible, la comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri calificó ese concepto como un oxímoron, al entender que combina dos términos opuestos para presentar una idea que, a su juicio, no corresponde con los efectos de la actividad extractiva.
Larrauri recurrió al concepto de «amputación ambiental», atribuido al biólogo uruguayo Eduardo Gudynas, para explicar que la remoción física de un ecosistema no puede revertirse mediante tecnologías de recuperación.
Argumentó que los suelos productivos se forman durante miles de años y que no existe tecnología capaz de restituir completamente esos ecosistemas una vez removidos. También señaló que el agua no puede producirse en laboratorios, por lo que rechazó que se presente la minería como una actividad capaz de recuperar íntegramente las cargas ecológicas que genera.
La abogada y expresidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena, consideró que la minería metálica dominicana ha cumplido con los pilares económico, social y ambiental, y señaló que el sector se encuentra sometido a una regulación importante.
Mena sostuvo que la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades debe responder a un esquema de beneficios compartidos, de manera que las ganancias de la actividad no se limiten a las compañías y al Gobierno, sino que también lleguen efectivamente a las poblaciones cercanas a las operaciones.
En el aspecto social, destacó la generación de empleos, la calidad de esos puestos de trabajo y la transferencia de tecnología. Sobre el componente ambiental, reconoció que existen pasivos vinculados a las prácticas mineras del pasado, aunque señaló que las tecnologías y los conocimientos han evolucionado.
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Sin embargo, al responder qué considera que le ha faltado a la minería para fortalecer su sostenibilidad, identificó la institucionalidad, la gobernanza y la transparencia como un pilar transversal a los componentes económico, social y ambiental.
A su entender, una estrategia general de sostenibilidad debe incorporar esos elementos para garantizar que los tres pilares funcionen de manera articulada.
Mena también afirmó que ha observado experiencias de minería orientadas a la restauración y regeneración de ecosistemas, tanto en otros países como en República Dominicana, y aseguró que ha participado personalmente en ese tipo de iniciativas.
El debate fue organizado por El Nuevo Diario y el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd), con la participación del director general de Minería, Rolando Muñoz; el ingeniero geólogo Osiris de León; la comunicadora y ambientalista Denisse Larrauri; la abogada y expresidenta de Adoexpo, Elizabeth Mena; Fernando A. Peña Segura y Luis Carvajal Núñez.
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