Aunque las recaudaciones del sector minero en República Dominicana rondan los RD$30,000 millones y representan más del 15% de las exportaciones, el país no se proyecta internacionalmente como un destino que respalde esta industria. No obstante, avanza en el fortalecimiento de su gobernanza extractiva y se prepara para una tercera validación del Estándar de la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI), prevista para 2026.
La próxima validación medirá no solo la divulgación histórica del sector extractivo, sino también la capacidad del país para adaptarse a nuevas normas introducidas en 2023, que amplían el alcance hacia transparencia ambiental, beneficiarios reales y políticas anticorrupción.
República Dominicana forma parte de un grupo de 55 países, 11 de ellos en América Latina, que implementan este estándar global, diseñado para fortalecer el acceso público a información sobre ingresos, contratos, impuestos, flujos financieros y responsabilidades socioambientales.
La evaluación de 2026 marcará “un punto de inflexión”, ya que será la primera que incorpore de manera obligatoria los nuevos requerimientos del estándar actualizado.
Según explicó Esteban Manteca Melgarejo, gerente país de EITI para América Latina y el Caribe, la iniciativa abarca toda la cadena de valor de las actividades extractivas.
“El propósito es la divulgación del marco legal, los ingresos que se generan, los pagos de impuestos, la gestión de esos flujos y la información del impacto social y ambiental en términos financieros”, señaló.
El principio rector del estándar, agregó, es que “los recursos pertenecen a los ciudadanos”, por lo que la información debe estar disponible para facilitar un debate público informado sobre su gestión.
Cinco informes y una gobernanza multipartícipe
Hasta la fecha, el país ha elaborado cinco informes nacionales EITI, que consolidan información fiscal, contractual, regulatoria y de gobernanza del sector extractivo. Estos documentos, elaborados cada dos años, están disponibles en la plataforma oficial de EITI República Dominicana.
Jessica Buendía Sánchez, oficial de país para América Latina y el Caribe, recordó que los cinco informes pueden descargarse íntegramente desde el portal oficial.
Un elemento clave del proceso es su gobernanza multiactor. En República Dominicana opera la Comisión Nacional EITI RD, integrada en igualdad de condiciones por sociedad civil, industria y gobierno. Este órgano define prioridades, aprueba contenidos y decide qué información adicional debe divulgarse.
Avances reconocidos y áreas rezagadas
De acuerdo con Manteca Melgarejo, en validaciones anteriores el país “ha salido bastante bien”, aunque reconoce avances desiguales debido a limitaciones legales o institucionales.
Uno de los puntos fuertes ha sido la divulgación de contratos del sector extractivo, donde República Dominicana ha sido “punta de lanza” en comparación con otros países de la región. “No en todos los países están disponibles los contratos, y en República Dominicana sí”, subrayó.
También se destaca la divulgación fiscal, con información consolidada sobre pagos, recaudaciones y obligaciones económicas de las empresas.
Minería no metálica y nuevas áreas de evaluación
La próxima validación incluirá un análisis más profundo de la minería no metálica, un segmento que ya fue objeto de un primer levantamiento de información y que será evaluado con mayor detalle en 2026, incluyendo su impacto financiero.
El estándar EITI 2023 incorpora nuevos requisitos, entre ellos:
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Políticas anticorrupción públicas
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Transparencia en la propiedad accionaria
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Estados financieros auditados
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Información ambiental y emisiones
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Consulta previa cuando la ley lo exija
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Debida diligencia reforzada
Retos: información técnica y beneficiarios reales
Entre los desafíos persistentes figura la brecha entre la disponibilidad de la información y su comprensión por parte de la ciudadanía. Manteca Melgarejo advirtió que los datos suelen ser altamente técnicos, lo que limita su uso por el público general sin formación especializada.
Otro reto clave es la divulgación de beneficiarios reales, es decir, las personas físicas que controlan empresas extractivas o proveedoras. Este aspecto ha requerido más tiempo y seguirá siendo un punto crítico de análisis, al considerarse central para la prevención de la corrupción.
La validación de 2026 ofrecerá una “primera fotografía” del desempeño del país frente a las nuevas exigencias del estándar, con énfasis en medir avances y corregir brechas. Tras la evaluación, República Dominicana recibirá recomendaciones técnicas que guiarán los próximos años de trabajo.
El proceso apunta a fortalecer la transparencia, la confianza institucional y el debate público en torno a un sector que, aunque relevante en términos fiscales y exportadores, aún enfrenta retos en su proyección y gobernanza.
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