Para la semana del 2 de junio de 2025, la República Dominicana registró un precio de US$4.90 por galón de gasolina premium, el tipo de combustible de mayor consumo en el país, equivalente a RD$290.1. Esta cifra ubica al país como el tercero con el precio más alto de Centroamérica, solo por debajo de Nicaragua y Costa Rica, y superando el promedio regional de US$4.04 (RD$239.7).
La gasolina premium no solo refleja la tendencia de precios internacionales, sino también el peso de una estructura fiscal e institucional que, de acuerdo con el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), genera distorsiones profundas en el mercado local.
Durante 2024, el Gobierno dominicano destinó RD$16,294.4 millones en subsidios a los combustibles, un aumento del 44.3 % con respecto al año anterior. Solo entre enero y febrero, estos subsidios alcanzaron RD$2,612.6 millones, lo que representa el 16 % del total anual asignado, según el Ministerio de Economía.
No obstante, el problema no es cuánto se subsidia, sino cómo se hace. La falta de reglas claras y transparencia en el otorgamiento de estos subsidios permite una gran discrecionalidad política, lo que limita la competencia y altera el incentivo para mejorar la eficiencia de la cadena de distribución, advirtió el CREES.
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Impuestos que distorsionan
A esta complejidad se suman los altos impuestos aplicados a los hidrocarburos, entre ellos dos tipos de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): uno específico por galón, ajustado por inflación conforme a la Ley 112-00, y otro ad-valorem del 16 %, establecido en la Ley 557-05, calculado sobre el precio de paridad de importación.
Estos tributos financian deuda externa, energías alternativas y hasta partidos políticos, pero generan serias contradicciones en cuanto a equidad y eficiencia tributaria, ya que productos similares como la gasolina regular y el gasoil premium tienen tratamientos fiscales diferentes.
Además, persisten exenciones fiscales para ciertos sectores, como las empresas generadoras de electricidad, amparadas bajo el Sistema de Devolución del ISC, lo que también resta transparencia y equidad al sistema.
Un llamado a la reforma estructural
El CREES propone una reforma integral que simplifique la estructura tributaria, reduzca la carga impositiva y promueva una liberalización gradual del mercado, como han implementado países vecinos como Guatemala o El Salvador.
Una estructura más transparente y competitiva permitiría que los precios reflejen con mayor fidelidad los costos reales, alivie la carga fiscal sobre hogares y empresas, y promueva una gestión más eficiente del gasto público.
Sin embargo, este proceso requiere revisar el marco normativo vigente y repensar el rol de los subsidios como herramienta de política económica, especialmente cuando las señales del mercado están mediadas por decisiones políticas sin criterios técnicos claramente establecidos.
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