El puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como el puente de la 17, continua en reestructuración. La intervención de las autoridades avanza con la sustitución de componentes estructurales, la instalación de andamios especializados y el desalojo de la mayoría de las familias que ocupaban los alrededores del viaducto, una obra clave para prolongar su vida útil y garantizar la seguridad de miles de usuarios.
En el lado correspondiente a Santo Domingo Este, las autoridades concluyeron el desalojo de todas las familias que residían debajo de la estructura. En tanto, en la margen del Distrito Nacional permanecen unas 15 viviendas pendientes de reubicación, proceso que mantiene inconformes a algunos residentes por considerar insuficientes las compensaciones económicas recibidas.
Los afectados aseguran que las indemnizaciones oscilaron entre RD$80,000 y RD$200,000, montos que, afirman, no les permiten adquirir una nueva vivienda o un terreno donde reubicarse.
Asimismo, denunciaron que durante el proceso de demolición la maquinaria pesada destruyó tuberías de agua potable, provocando pérdidas del suministro cuando la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) distribuye el servicio en la zona.
Avanza el reforzamiento de la estructura
Como parte de la rehabilitación, la empresa Proyectos Industriales, S.A. (PINSA), responsable de la ejecución de la obra, instaló andamios en ambos extremos del puente para facilitar los trabajos de reforzamiento.
Las labores incluyen la utilización de grúas y una barcaza ubicada sobre el río Ozama para desmontar y reemplazar piezas metálicas deterioradas, consideradas esenciales para recuperar la capacidad estructural del viaducto.
Debido a que el puente fue construido por una empresa venezolana e inaugurado en 1974, los trabajos cuentan con la participación de ingenieros especializados de ese país, cuya experiencia ha sido considerada clave para intervenir una infraestructura con más de cinco décadas de servicio.
Previamente fue realizado un diagnóstico técnico de todos los elementos estructurales para determinar cuáles requerían reparación y cuáles debían ser sustituidos completamente.
El proyecto contempla además la aplicación de un nuevo sistema de pintura anticorrosiva con una vida útil estimada de 20 años, así como diversas intervenciones destinadas a extender la vida útil del puente por al menos 50 años adicionales, siempre que se mantenga un programa permanente de mantenimiento preventivo.
La rehabilitación fue puesta en marcha luego de que estudios técnicos identificaran un avanzado proceso de corrosión y deterioro en distintos componentes de la estructura, situación que representaba riesgos para los miles de vehículos y peatones que utilizan diariamente uno de los principales enlaces entre el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
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