América Latina y el Caribe avanzan en su transición energética con una combinación de oportunidades y en ocasiones contradicciones. En la columna anterior advertíamos el riesgo de regulación sin visión regional, hoy el foco se desplaza hacia Centroamérica y República Dominicana, donde la aceleración de licitaciones públicas en 2025 abre interrogantes clave: ¿Estamos ante un proceso ordenado y creíble de modernización energética, o ante respuestas fragmentadas y de corto plazo?
Los recientes anuncios de subastas por parte de Panamá, Guatemala y República Dominicana pueden representar un cambio muy positivo de rumbo. Pero, para que la transición no se limite a la adjudicación de megavatios, es indispensable fortalecer la gobernanza regulatoria, la planificación energética y marcos de inversión sostenibles. Veamos que están haciendo algunos países en la región:
Panamá: planificación escalonada como señal de madurez.
En mayo de 2025, la Secretaría Nacional de Energía de Panamá presentó por primera vez un cronograma multianual de subastas que cubre el período 2025–2028, con el objetivo de contratar 1.420 MW de energía firme y 1.335 MW de nueva capacidad instalada. La primera licitación (proceso 01-2025) se lanzó oficialmente en julio y contempla contratos de hasta 15 años para suministro a partir de enero de 2029, priorizando fuentes hidroeléctricas y eólicas.
Esta estrategia marca un hito regional: no solo incorpora señales de precio y volumen con anticipación, sino que otorga previsibilidad regulatoria, incentiva la inversión privada y facilita la planificación de transmisión (nótese que ETESA debe presentar los pliegos técnicos antes del 31 de octubre de 2025). Además, se proyecta una licitación específica para solar fotovoltaica en 2026, con suministro a partir de 2028.
Guatemala: licitación ambiciosa, con riesgos institucionales latentes
Guatemala activó en abril la licitación PEG-05-2025, la más ambiciosa de su historia. Busca adjudicar hasta 1.400 MW de potencia garantizada mediante bloques base y complementarios, con contratos de hasta 15 años y suministro desde 2030.
El proceso contempla fuentes renovables (hidro, solar, eólica, geotérmica) así como de bajas emisiones (gas natural), y establece mecanismos avanzados de estructuración como la curva de carga y opción de compra de energía. Sin embargo, los antecedentes de impugnaciones y demoras en procesos anteriores (PEG-4) hacen imprescindible reforzar la transparencia, trazabilidad y evaluación técnica independiente con el fin de asegurar un bueno suceso.
República Dominicana: integración obligatoria de almacenamiento.
La Superintendencia de Electricidad de República Dominicana (SIE) aprobó en junio una licitación por 600 MW de generación renovable con un requisito inédito en el país y del que todos los países deben replicar en futuras licitaciones y/o subastas: todos los proyectos deben incluir sistemas de almacenamiento BESS. Este paso alinea la política energética dominicana con estándares internacionales de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico; aspecto -sin duda- aplaudible.
Asimismo, se prevé una subasta adicional de 300 MW con almacenamiento en 2025. No obstante, aunque estos avances son significativos, persisten lagunas normativas respecto a la remuneración de servicios auxiliares, integración al mercado y valorización del almacenamiento en las tarifas de distribución; problema común en la región en donde la regulación del almacenamiento es una zona gris que incide en su adecuada retribución económica a quienes apuestas por ello. De ahí que, la CNE y el Ministerio de Energía y Minas enfrentan el desafío de consolidar una arquitectura regulatoria que no frene el despliegue de estas nuevas tecnologías.
Costa Rica: pionera, pero con retos en su dinamización.
Costa Rica mantiene una matriz eléctrica con más del 98 % de generación renovable. Sin embargo, el aplazamiento de proyectos de inversión en las 2 administraciones anteriores pasaron la factura; recientemente el ICE tuvo que rediseñar su cartera de inversión en proyectos de generación con el fin de adicionar 500 megavatios de capacidad instalada entre el 2025-2028, y una serie de proyectos que plantea en su Plan de Expansión de la Generación 2024-20240.
En un contexto donde sus vecinos avanzan agresivamente, el modelo costarricense corre el riesgo de estancarse si no se fortalecen y dinamizan los marcos regulatorios en pos de la incorporación de proyectos de generación con figuras flexibles como los esquemas de asocio público-privado, se aumenten las capacidades de generación de proyectos existentes (reforma a la ley 7200) y se liberen de restricciones en contratación pública que pesan sobre las empresas públicas del sector energético. De lo contrario, el excesivo peso regulatorio que caracteriza al país, podría pasar la factura y desalentar nuevas inversiones en diversos modelos de negocio a pesar de la alta seguridad jurídica que posee el país.
Lecciones cruzadas y desafíos compartidos
Las tres subastas en marcha reflejan una madurez creciente en la planificación energética de la región. Sin embargo, el verdadero éxito no se mide en función a los megavatios adjudicados, sino en: (i) calidad de ejecución contractual, (ii) estabilidad del marco regulatorio, (iii) apertura a tecnologías emergentes (almacenamiento, hidrógeno, digitalización), (iv) fortalecimiento de la institucionalidad energética y sus órganos técnicos.
Además, aún queda pendiente una tarea mayor: la articulación regional efectiva. Mecanismos como el SIEPAC, la CRIE y el Consejo Energético del SICA deben asumir un rol protagónico para evitar fragmentación, promover estándares comunes y fomentar nuevos mecanismos de financiamiento multilateral.
Conclusión: transición con estrategia, no con sobres.
Las subastas son solo un instrumento. La transición energética requiere estrategia, gobernanza y visión compartida. Panamá, Guatemala y República Dominicana están enviando señales potentes y oportunas, pero el trabajo regulatorio no termina con la adjudicación. Al contrario, ahí apenas comienza.
Para que estas licitaciones se conviertan en motores de desarrollo, deben estar ancladas en instituciones técnicas sólidas, mecanismos de supervisión eficaces y políticas públicas que trasciendan ciclos políticos.
Los inversionistas, la banca multilateral y los gobiernos que miran hoy a la región necesitan más que energía asequible: buscan entornos confiables, planificación técnica y partners estratégicos que conozcan el terreno. Ahí es donde el acompañamiento experto marcan la diferencia entre una promesa incumplida y una transición energética real.
