El incremento de los costos operativos comienza a generar presión sobre dos sectores estratégicos para la economía dominicana: los hidrocarburos y el transporte público. Mientras los detallistas de combustibles negociarán con el Gobierno una reducción de las comisiones por pagos electrónicos, organizaciones del transporte reclaman la continuidad de los subsidios y algunas ya han comenzado a aplicar aumentos en el precio del pasaje.
El conflicto más inmediato se concentra en las estaciones de combustibles. La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) aceptó este domingo la mediación del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) para buscar una salida al conflicto por las comisiones que pagan por el uso de los terminales de pago electrónico (verifones).
El presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez, informó que el director ejecutivo de ProConsumidor, Eddy Alcántara, convocó a una reunión para este martes, en la que participarán representantes del Gobierno, de las empresas administradoras de pagos electrónicos, del sector financiero y de los comerciantes, con el propósito de alcanzar un acuerdo.
Como señal de buena voluntad, el gremio decidió suspender temporalmente el retiro de los verifones que había anunciado para este lunes en las más de 780 estaciones afiliadas.
Según Anadegas, las estaciones pagan alrededor de RD$7 por cada galón de combustible vendido mediante tarjetas de crédito o débito, monto que equivale aproximadamente al 27 % del margen bruto que reciben por galón. El gremio propone sustituir ese esquema por una tarifa fija de 30 centavos por transacción y solicitó la participación de la Superintendencia de Bancos en las negociaciones.
No obstante, advirtió que si las conversaciones no producen resultados, el retiro de los terminales de pago sería ejecutado simultáneamente en todas las estaciones afiliadas.
Transporte también reclama mayores recursos
La presión no proviene únicamente del sector de los combustibles. En el transporte público también comienzan a evidenciarse diferencias sobre cómo enfrentar el incremento de los costos operativos.
En Santiago, varias rutas afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) iniciaron un aumento de RD$5 en el precio del pasaje, argumentando que el alza en los costos de combustibles, neumáticos, lubricantes, repuestos y otros insumos hace insostenible mantener las tarifas actuales.
En contraste, el denominado Grupo G-12, que agrupa a doce organizaciones del transporte de pasajeros, anunció que mantendrá sin variación el costo del pasaje gracias a los subsidios que recibe del Gobierno para la compra de combustibles.
Durante una rueda de prensa, su vocero, Alfredo Pulinario (Tito Cambita), pidió al presidente Luis Abinader y al equipo económico mantener esos subsidios para evitar que el incremento de los costos sea trasladado a los usuarios.
“Hay que ser consecuentes y siempre velar por la materia prima, que es el usuario, el pasajero”, expresó el dirigente.
El G-12 reúne organizaciones como la Confederación Dominicana de Transporte y Taxistas Turísticos, el Consorcio de Transporte Mochotran, la Central Nacional de Transportistas Unificados, la Unión Nacional de Empresas del Transporte (Unet), la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), la Federación Nacional de Transportistas Amigos de Peña Gómez (Fenatrapego) y la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), entre otras.
Gobierno aún no fija posición sobre el transporte
Aunque el Gobierno decidió intervenir en el conflicto entre Anadegas y las empresas administradoras de pagos electrónicos mediante una mesa de diálogo, hasta el momento el Gabinete de Transporte, coordinado por Deligne Ascención Burgos, no se ha pronunciado sobre los reclamos de los distintos gremios del transporte público ni sobre la posibilidad de revisar las tarifas o ampliar los mecanismos de compensación.
Los dos casos reflejan un escenario común: sectores regulados que advierten que el aumento de los costos de operación está reduciendo sus márgenes de rentabilidad y reclaman medidas que les permitan mantener la sostenibilidad de sus actividades sin trasladar mayores cargas económicas a los consumidores.
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