El Senado de la República aprobó este martes, en única lectura, las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que reforma la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, con lo que la iniciativa concluye su trámite en el Congreso Nacional y queda lista para ser enviada al Poder Ejecutivo.
La pieza fue respaldada por 22 de los 24 senadores presentes, mientras dos legisladores votaron en contra.
Aunque el Senado ya había aprobado el proyecto la semana pasada, la iniciativa regresó a la Cámara Alta luego de que los diputados introdujeran cambios al régimen de contribuciones económicas que deberán realizar las empresas para financiar el sistema nacional de gestión de residuos sólidos.
El senador por Hato Mayor, Venerado Castillo, solicitó incluir el proyecto en el orden del día, al señalar que este martes vencía el plazo para que las empresas realizaran la liquidación correspondiente a la contribución establecida en la legislación vigente.
Tras la aprobación, la senadora por Puerto Plata, Ginnette Bournigal, cuestionó la rapidez con que fue conocida la iniciativa y advirtió que el Congreso debe reservar el procedimiento de urgencia para casos realmente excepcionales.
“Que nos sirva para hacer las cosas con más lentitud. Voy a votar porque en la otra no voté, pero no está bueno”, expresó durante la sesión.
En menos de dos semanas, el proyecto agotó todo su proceso legislativo entre ambas cámaras, pese a las críticas formuladas por organizaciones empresariales y partidos de oposición, que reclamaban mayor tiempo para analizar una reforma con importantes implicaciones económicas.
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Cambios aprobados
La principal modificación introducida por la Cámara de Diputados corresponde al esquema de contribuciones que deberán pagar las personas jurídicas, tomando como referencia sus ingresos anuales.
La reforma incorpora una nueva categoría para las empresas con ingresos de hasta RD$5 millones, que deberán aportar RD$5,000 anuales al sistema de gestión de residuos sólidos.
Asimismo, establece que las empresas con ingresos entre RD$700 millones y RD$1,000 millones contribuirán con RD$750,000; aquellas con ingresos entre RD$1,000 millones y RD$2,500 millones pagarán RD$1.7 millones, mientras que las empresas cuyos ingresos superen los RD$2,500 millones aportarán RD$2.2 millones.
El proyecto también modifica el artículo 36 para disponer que la contribución sea liquidada anualmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y pagada en dos cuotas semestrales: un 50 % junto con la declaración jurada del Impuesto sobre la Renta (ISR) y el restante seis meses después.
Además, la reforma establece que la contribución será deducible de la renta bruta conforme al Código Tributario, fija un aporte máximo de RD$675,000 para las empresas que operen bajo el régimen de comisión o corretaje, independientemente de que sus ingresos superen los RD$700 millones, e incorpora un régimen transitorio para facilitar la adaptación de las empresas a las nuevas disposiciones.
También dispone que, de manera excepcional, las empresas que aún no hayan realizado el pago correspondiente podrán hacerlo en julio y diciembre de 2026.
Pacheco defendió la reforma
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el presidente de ese órgano, Alfredo Pacheco, defendió la iniciativa y reconoció que la propuesta ha generado cuestionamientos, especialmente entre representantes del sector empresarial.
Sin embargo, sostuvo que el país necesita fortalecer su sistema de gestión de residuos sólidos y avanzar hacia el cierre definitivo de los vertederos a cielo abierto.
Según explicó, resolver de manera integral el problema de los residuos sólidos requerirá inversiones de entre RD$20,000 millones y RD$30,000 millones.
“Estamos avanzando. Son medidas que generan cargas, duelen y molestan, sobre todo a los sectores productivos, y nosotros lo reconocemos. Hemos trabajado arduamente con muchos sectores”, afirmó.
Foam biodegradable y financiamiento del sistema
La reforma mantiene la prohibición de importar sorbetes, vasos, cubiertos plásticos y otros productos elaborados en poliestireno expandido (foam) que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
Asimismo, dispone que seis meses después de la entrada en vigor de la ley se incentive el uso de sustitutos fabricados con papel o cartón reciclado y materiales biodegradables.
Con la aprobación definitiva del Congreso, el proyecto será remitido al presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si lo promulga o lo devuelve con observaciones. La reforma llega al Poder Ejecutivo en medio del rechazo expresado por distintos gremios empresariales, que consideran que las nuevas contribuciones incrementan la carga económica sobre el aparato productivo y reclamaban un proceso legislativo con mayor consulta y deliberación técnica.
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