Santo Domingo.– El sistema eléctrico dominicano enfrenta un escenario que, según el exvicepresidente ejecutivo de la disuelta Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, no puede ser corregido en el corto plazo debido a la combinación de mayores pérdidas, deterioro de las redes, crecimiento de la demanda y altos costos de generación.
Bichara situó las pérdidas generales del sistema entre 44 % y 45 %, mientras que algunas empresas distribuidoras, afirmó, superarían incluso el 60 %. A su juicio, estos niveles colocan al sector en una situación de alta presión operativa y financiera.
El exfuncionario explicó que el problema se vuelve más complejo durante los períodos de temperaturas elevadas, cuando la demanda eléctrica puede aumentar entre 20 % y 25 % respecto a los niveles habituales. “En corto plazo no hay una solución. No puede haberla. Es imposible”, afirmó Bichara al referirse a la situación que atraviesa el sistema, durante una entrevista en El Despertador.
Bichara atribuyó parte del deterioro actual a la interrupción, durante varios años, de trabajos de mantenimiento, rehabilitación de redes y programas dirigidos a reducir las pérdidas. Asimismo, calificó ese período como una “vacación extendida” en el manejo de determinadas acciones vinculadas al sector eléctrico y sostuvo que una interrupción de tres o cuatro años en labores de mantenimiento e inversión tiene efectos importantes en un sistema que debe funcionar de manera continua.
Explicó que el deterioro alcanza componentes fundamentales de las redes, incluidos transformadores y otros elementos de distribución, mientras que también se habrían detenido programas de rehabilitación que contaban con financiamiento y supervisión de organismos internacionales. Desde su perspectiva, el comportamiento actual de las pérdidas no responde únicamente a situaciones recientes, sino a decisiones tomadas durante los primeros años de la actual administración.
A la presión operativa se suma, según Bichara, un problema financiero de gran magnitud. El exfuncionario afirmó que el déficit del sector habría alcanzado los US$1,000 millones durante los primeros seis meses del año. Explicó que esta situación reduce el margen disponible para ejecutar inversiones, debido a que una parte importante de los recursos debe utilizarse para cubrir la compra de electricidad.
Para Bichara, el escenario requiere un programa de intervención de gran alcance y recursos suficientes para enfrentar simultáneamente las pérdidas, las condiciones de las redes y las necesidades de generación. El crecimiento del consumo también está aumentando las exigencias sobre el sistema.
Bichara señaló que la demanda máxima se sitúa actualmente alrededor de los 4,300 megavatios, con un crecimiento anual que estimó entre 8 % y 9 %. El problema, explicó, aparece cuando la oferta disponible no resulta suficiente en términos económicos para cubrir ese nivel de consumo y el sistema debe recurrir a unidades de generación con costos más elevados. A esto se suma que una parte de la electricidad adquirida no termina convirtiéndose en ingresos para las distribuidoras debido a las pérdidas.
El exfuncionario mencionó como áreas pendientes de inversión la instalación de medidores, sistemas de telemedición y rehabilitación de redes, elementos que considera necesarios para mejorar la capacidad de medición y facturación. En ese contexto, planteó que las alternativas inmediatas pasan por una eventual reducción de la demanda, favorecida por temperaturas menos elevadas, o por disponer de mayores recursos para adquirir electricidad.
Cuestiona aplicación del Pacto Eléctrico
Las tarifas también formaron parte de las críticas planteadas por Bichara. Recordó que el Pacto Eléctrico contemplaba un proceso de aumentos tarifarios graduales, pero sostuvo que esos ajustes debían producirse conjuntamente con una reducción de las pérdidas.
Según explicó, la disminución de las pérdidas tenía entre sus objetivos compensar el impacto que los aumentos de las tarifas pudieran representar para los usuarios. “No se puede hacer lo primero y olvidarse de lo segundo, porque entonces queda afectado el cliente”, expresó.
Bichara también mencionó denuncias que, según dijo, se produjeron en su momento sobre posibles alteraciones en la facturación y cuestionó que la comisión encargada de dar seguimiento al Pacto Eléctrico haya dejado de reunirse. Indicó que la última reunión en la que participó tuvo lugar aproximadamente dos años atrás y que posteriormente no tuvo conocimiento de nuevas sesiones.
Al comparar la situación actual con períodos anteriores, Bichara consideró que el sistema eléctrico dominicano vuelve a enfrentar condiciones parecidas a las de 2012, cuando el país tenía una matriz de generación con costos elevados. Asimismo, explicó que satisfacer una demanda superior a los 4,300 megavatios obliga a incorporar plantas que pueden producir electricidad a precios considerablemente mayores que otras unidades del sistema.
Según afirmó, algunas de esas plantas pueden generar a costos entre ocho y diez veces superiores a Punta Catalina, lo que incrementa la presión económica sobre las distribuidoras. Por ello, consideró prioritario incorporar generación eficiente y competitiva.
Bichara defendió los resultados de los programas de reducción de pérdidas ejecutados durante su gestión y recordó que, con apoyo de organismos internacionales, se logró llevar el promedio del sistema a aproximadamente 27 %. Detalló que algunas distribuidoras llegaron a ubicarse entre 24 % y 26 %, mientras que la zona Este permanecía por encima del 30%. Frente a ese escenario, afirmó que actualmente el promedio se aproxima al 45 %.
El exvicepresidente de la CDEEE explicó que el impacto puede entenderse tomando como referencia cada 100 unidades de electricidad adquiridas y distribuidas: cerca de la mitad no lograría ser cobrada. Para Bichara, el incremento está relacionado con el deterioro de las redes y con la paralización de iniciativas destinadas a rehabilitarlas, instalar medidores y regularizar usuarios.
El aumento de las pérdidas también tiene una consecuencia directa sobre las finanzas de las distribuidoras. Bichara explicó que las empresas deben continuar adquiriendo energía para atender la demanda, aun cuando una proporción considerable de esa electricidad no se recupera posteriormente mediante la facturación. “O te busco dinero o apago parte del país”, expresó al describir la presión financiera que genera este escenario.
Pero advirtió que el problema no se limita a disponer de suficiente generación. También es necesario que las redes tengan capacidad para transportar la electricidad. Si una infraestructura deteriorada recibe una carga superior a la que puede soportar, pueden producirse fallas en transformadores y otras interrupciones.
Reclama continuidad en las políticas eléctricas
Para enfrentar la situación, Bichara planteó que las decisiones sobre el sector deben mantenerse más allá de los cambios de gobierno. A su juicio, la continuidad de Estado constituye una condición indispensable para desarrollar proyectos eléctricos, debido a que las inversiones en generación y redes requieren varios años.
Estimó que una planta puede tardar entre cinco y seis años desde su planificación hasta su entrada en funcionamiento. “La continuidad de Estado es la condición fundamental para que un plan en el sector eléctrico tenga sentido”, manifestó.
En ese sentido, recordó programas de reducción de pérdidas que incluían modificaciones de redes, adquisición de medidores y sistemas de telemedición y que, según afirmó, fueron detenidos durante varios años.
Propone más generación a gas
Entre las alternativas que Bichara considera necesarias figura el aumento de la generación eficiente y la disponibilidad de gas natural a precios competitivos. El exfuncionario recordó que durante el proceso de transición gubernamental de 2020 recomendó a las nuevas autoridades priorizar la negociación de un contrato de gas que pudiera servir para futuros proyectos de generación.
Según explicó, en ese momento existían condiciones que consideraba favorables para asegurar el combustible y esa propuesta fue incluida entre las prioridades planteadas durante la transición.
Bichara también recordó que antes de la construcción de Punta Catalina se había concebido un proyecto de generación para la zona norte, pero sostuvo que la falta de disponibilidad de gas natural impedía desarrollarlo. Ante esa limitación, explicó que se optó por el carbón para Punta Catalina. “Catalina no fue una elección, es que no había ninguna otra opción”, afirmó.
Considera ampliar Punta Catalina
Bichara planteó además la posibilidad de aprovechar parte de la infraestructura existente en Punta Catalina para desarrollar una nueva unidad de generación. Explicó que la central fue construida con elementos que podrían facilitar una eventual ampliación, entre ellos líneas de transmisión, subestaciones y terrenos. De acuerdo con su estimación, esas condiciones permitirían que una nueva unidad tuviera un costo equivalente aproximadamente al 55 % o 60 % de lo que implicaría levantar una instalación completamente nueva.
El exfuncionario consideró que esa alternativa podría analizarse conjuntamente con el proyecto de generación de la zona norte y con nuevas plantas alimentadas por gas natural. Bichara también defendió la incidencia que, a su juicio, tuvo Punta Catalina en el mercado eléctrico dominicano.
Sostuvo que la entrada de la central modificó las condiciones de competencia entre los generadores y presionó a plantas que utilizaban Fuel Oil número 6 y número 2 a realizar conversiones para operar con gas natural.
Según explicó, varias de esas unidades se encuentran actualmente entre las que producen electricidad a precios más competitivos. También atribuyó a Punta Catalina un mayor poder de negociación para el Estado frente a los generadores privados. “Todo lo que se hizo valió la pena”, sostuvo.
Bichara consideró además que la central ha sido utilizada como un tema político, cuando, desde su perspectiva, las decisiones relacionadas con el sector eléctrico deben abordarse como asuntos de interés nacional.
En relación con el impacto ambiental de Punta Catalina, Bichara destacó la instalación de un sistema de control de calidad del aire. Estimó que ese componente tuvo un costo de aproximadamente US$250 millones y explicó que incrementó el costo de construcción de la central, pero permite reducir sus emisiones contaminantes.
El exfuncionario agregó que durante el proceso de transición recibieron una comunicación de los fabricantes y diseñadores de la planta en la que se proponía evaluar a Punta Catalina para una eventual consideración entre las diez mejores centrales de su clase. Sin embargo, señaló que ese proceso no pudo completarse debido al cambio de autoridades.
Las declaraciones del exvicepresidente de la CDEEE colocan las pérdidas de las distribuidoras, el deterioro de las redes, el crecimiento de la demanda y el costo de la generación como los principales puntos de presión sobre el sistema eléctrico. Para Bichara, atender estas dificultades requiere recursos, nuevas inversiones en infraestructura y generación competitiva, pero también políticas que mantengan continuidad durante varios períodos de gobierno.
Su planteamiento parte de que el crecimiento de la demanda no puede enfrentarse únicamente con más compras de energía: también resulta necesario recuperar la capacidad de las redes para transportar y facturar la electricidad que se incorpora al sistema.
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Bichara también aborda situación interna del PLD
Durante la entrevista, Bichara se refirió además a la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización en la que participa. Explicó que el partido desarrolla un proceso de reorganización interna y de adecuación de su estructura territorial al esquema electoral.
Indicó que el presidente y el secretario general de la organización realizan recorridos por distintas zonas del país, mientras los aspirantes a la candidatura presidencial trabajan en el posicionamiento de sus proyectos de cara a las elecciones de 2028.
Bichara reconoció que el PLD terminó desgastado después de aproximadamente dos décadas en el poder y consideró que ese período produjo dificultades internas, individualismo y la formación de lo que definió como “islas de poder”.
A su juicio, la organización necesita reinventarse y abandonar esas prácticas para recuperar espacio político. Sostuvo que el PLD vuelve a competir por los primeros lugares y que uno de los principales objetivos es seleccionar una candidatura presidencial capaz de fortalecer sus posibilidades electorales.
Sobre los aspirantes presidenciales, Bichara explicó que no puede expresar públicamente cuál candidatura prefiere debido a razones éticas vinculadas a las funciones que desempeña dentro del proceso de reorganización partidaria. No obstante, reconoció que tiene una preferencia personal y afirmó que la hará pública cuando considere que corresponde.
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