Santo Domingo.– Las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste utilizaron alrededor de US$1,300 millones para comprar energía entre enero y mayo de 2026, pero en ese mismo período solo consiguieron facturar unos US$814 millones y cobrar aproximadamente US$774 millones, dejando una brecha de US$526 millones entre lo destinado a adquirir electricidad y los recursos que finalmente ingresaron a sus cajas.
La cifra fue presentada por el exsuperintendente de Electricidad y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Juan Gómez, durante una entrevista en el programa El Despertador, donde atribuyó los datos al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y vinculó esta diferencia con las pérdidas que registran las distribuidoras y las dificultades que enfrentan para recuperar, mediante el cobro, los recursos utilizados para comprar la energía.
De acuerdo con el cálculo expuesto por Gómez, de los US$1,300 millones destinados a la compra de electricidad, unos US$486 millones, equivalentes a aproximadamente RD$29,000 millones, ni siquiera llegaron a ser facturados.
A los US$814 millones facturados se sumaron unos US$774 millones efectivamente cobrados, lo que dejó otros US$40 millones pendientes de recuperación.
La combinación de ambas brechas lleva a los US$526 millones que, según Gómez, no terminaron ingresando a las distribuidoras durante los primeros cinco meses del año. El monto equivale, de acuerdo con su cálculo, a unos RD$31,000 millones.
Gómez sostuvo que esta situación refleja el peso financiero de las pérdidas de energía sobre las empresas distribuidoras, a las que definió como la “caja del sector”, debido a que tienen la responsabilidad de llevar la electricidad hasta los consumidores y recuperar, mediante la facturación y el cobro, los recursos utilizados para adquirirla.
Pérdidas promedio alcanzan 39 %
La brecha entre la energía comprada, la facturada y la cobrada se produce en un contexto en el que, según Gómez, las pérdidas promedio de las tres distribuidoras alcanzaron 39 % hasta mayo de 2026.
El exfuncionario aseguró que ese nivel supera el 27 % que, según indicó, registraban las empresas al inicio de la actual administración.
El caso de mayor magnitud, de acuerdo con sus declaraciones, corresponde a EDEEste, donde las pérdidas alcanzaron 56 %.
Gómez sostuvo que estos resultados evidencian un deterioro en la distribución eléctrica y cuestionó que los cambios de funcionarios realizados durante los últimos años no hayan conseguido reducir uno de los principales problemas financieros del sector.
“Indudablemente, no hay un plan, no ha habido un plan para atacar el principal problema que tenemos en el sector eléctrico en República Dominicana en esta administración, que es el tema de la distribución”, expresó.
El dirigente político aclaró que plantea la situación como un problema nacional y no exclusivamente partidario, debido a la importancia del suministro eléctrico para el desarrollo económico y por considerar que debe recibir una atención similar a áreas como la educación y la salud.
Para explicar el impacto de las pérdidas, Gómez tomó como referencia el comportamiento de EDEEste.
Según su planteamiento, cuando las pérdidas alcanzan 56 %, significa que por cada RD$100 destinados a comprar energía, la distribuidora consigue recuperar aproximadamente RD$44.
El exsuperintendente explicó que las distribuidoras cumplen un papel central dentro del sistema porque son las responsables de llevar la electricidad hasta los usuarios y posteriormente recuperar los recursos mediante la facturación y el cobro.
Desde esa perspectiva, sostuvo que las pérdidas no representan únicamente un problema operativo de las redes, sino que tienen una consecuencia directa sobre la capacidad financiera de las empresas y sobre los recursos que deben movilizarse para sostener el sistema eléctrico.
Gómez también relacionó el comportamiento de las pérdidas con las transferencias que ha requerido el sector eléctrico para cubrir su déficit. Aseguró que cuando las pérdidas de las distribuidoras se encontraban en 27 % en 2020, el Gobierno tuvo que transferir US$578 millones para cubrir el déficit eléctrico. Según explicó, para diciembre de 2025, las transferencias necesarias para cubrir ese déficit habían aumentado hasta US$1,659 millones.
El exfuncionario cuestionó que los cambios administrativos realizados en las empresas no hayan permitido solucionar el problema y citó el caso de EDEEste, donde afirmó que durante los primeros cinco años de la actual administración han pasado seis gerentes generales.
Cuestiona cambios en la estructura del sector
Sobre las recientes modificaciones realizadas en el sector eléctrico, Gómez manifestó que espera que no se reduzcan a cambios de nombres o de funcionarios, sino que impliquen una transformación en la política aplicada a las distribuidoras.
Se refirió a las nuevas responsabilidades asumidas por el actual ministro dentro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) y señaló que no se trata de una figura nueva dentro del sistema, debido a que el Ministerio de Energía y Minas ejerce la rectoría del sector. “Ojalá se produzca una nueva sinergia en este equipo de trabajo y se logre presentar algún avance”, manifestó.
Gómez aclaró que los apagones no comenzaron durante la actual administración y reconoció que el sistema eléctrico dominicano arrastra problemas históricos.
No obstante, sostuvo que anteriormente se habían conseguido avances y una reducción significativa de las interrupciones, pero afirmó que la situación volvió a agravarse durante el verano de 2025, especialmente entre junio y septiembre.
Recordó que ese escenario llevó al Poder Ejecutivo a emitir el Decreto 517-25, mediante el cual fueron declaradas de emergencia las compras del sector eléctrico. El exsuperintendente también cuestionó el cumplimiento del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico y consideró que el acuerdo representó una oportunidad que la actual administración no aprovechó.
Gómez recordó que las discusiones para alcanzar el pacto comenzaron a partir del Decreto 389-14, emitido en octubre de 2014, y que durante varios años distintos sectores participaron en su elaboración.
Según explicó, el PRM decidió en ese momento no participar en la firma y planteó varias razones para justificar su posición, entre ellas reducir los gastos de las distribuidoras, establecer programas de licitación y evitar aumentos tarifarios.
Gómez recordó que, posteriormente, ya con el PRM en el Gobierno, las organizaciones políticas y sociales fueron convocadas nuevamente para firmar el acuerdo. Al referirse al desarrollo y cumplimiento del pacto, cuestionó los resultados alcanzados y la forma en que, a su juicio, fue aplicado. “El pacto eléctrico yo lo he llamado como una gran tomadura de pelo”, afirmó.
Según argumentó, el pacto fue utilizado como fundamento para aplicar tres aumentos de la tarifa eléctrica entre 2021 y 2022, pese a que el acuerdo condicionaba la transición tarifaria al cumplimiento de metas relacionadas con la reducción de las pérdidas y la mejora de la gestión de las distribuidoras. Gómez señaló que, en lugar de disminuir, las pérdidas pasaron de 27 % a 39 %.
El dirigente de la Fuerza del Pueblo recordó además el Decreto 655-21, mediante el cual, según explicó, el Gobierno estableció sus propios parámetros y cronogramas para ejecutar las medidas contempladas en el Pacto Eléctrico. Indicó que una de las proyecciones era llevar las pérdidas de las empresas distribuidoras hasta 16.9 % en 2022.
Gómez reconoció que se trataba de una meta “muy ambiciosa”, pero cuestionó que el resultado haya sido contrario a lo proyectado y que actualmente las pérdidas superen ampliamente ese porcentaje.
También recordó que llegó a disponerse un cuarto incremento de la tarifa eléctrica, aunque posteriormente fue dejado sin efecto tras la reacción de distintos sectores de la sociedad. A su juicio, el Pacto Eléctrico fue una oportunidad que la actual administración no aprovechó y afirmó que actualmente el acuerdo permanece sin el seguimiento necesario dentro del Consejo Económico y Social.
Gómez explicó además que el porcentaje de pérdidas que presentó no incluye toda la energía que las distribuidoras logran facturar, pero posteriormente no consiguen cobrar.
Por esta razón, sostuvo que al incorporar ese componente, las pérdidas podrían aumentar entre 2.5 y 3 puntos porcentuales adicionales.
Según indicó, esta diferencia puede explicar por qué otros informes presentan niveles de pérdidas superiores a las cifras oficiales que había citado durante la entrevista.
Al ser cuestionado sobre los subsidios acumulados por el sector eléctrico y las políticas aplicadas durante anteriores gobiernos de Leonel Fernández, Gómez defendió el proceso de capitalización realizado a finales de la década de 1990.
Sostuvo que cuando Fernández llegó al poder encontró un sistema eléctrico que calificó como prácticamente colapsado, con centrales deterioradas y prolongados apagones.
Gómez rechazó que el proceso de capitalización consistiera únicamente en una venta de empresas públicas y aseguró que compañías surgidas de ese proceso mantienen participación del Estado dominicano.
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Asimismo, afirmó que las empresas capitalizadas han generado ingresos superiores a RD$40,000 millones para el Estado a través del antiguo Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fomper).
Gómez también recordó los programas implementados durante esos años para mejorar la distribución eléctrica, entre ellos los denominados circuitos 24 horas.
Explicó que el programa comenzó con un circuito y posteriormente se extendió hacia otros sectores y provincias. Según indicó, para 2010 se consiguió que la primera provincia del país contara con servicio eléctrico durante las 24 horas.
También reconoció avances durante la administración de Danilo Medina, entre 2012 y 2020, y afirmó que durante el período de la pandemia las interrupciones eléctricas habían disminuido considerablemente.
El exsuperintendente sostuvo que una administración pública no necesariamente tiene que resolver todos los problemas de manera inmediata, sino recibir los sectores bajo determinadas condiciones y entregarlos con avances respecto al punto de partida.
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