Santo Domingo.- El Ministerio Público llevó a los tribunales a Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, por una llamada en la que habría reportado de manera falsa la existencia de una bomba en una aeronave que se dirigía al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), y solicitó que el proceso sea enviado a juicio.
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo por el procurador fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto a las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, pertenecientes a la Fiscalía de Santo Domingo Este.
El caso se remonta al 6 de enero de 2026, cuando, conforme a las indagatorias, se produjo una llamada telefónica al servicio de atención del AILA en la que se alertó sobre un supuesto artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de Copa Airlines.
La comunicación activó la respuesta prevista por las autoridades para este tipo de situaciones. La aeronave tuvo que regresar durante el trayecto y en la terminal aeroportuaria fueron ejecutados los protocolos de emergencia y seguridad, lo que además derivó en una interrupción temporal de las operaciones aéreas.
Del Pino Cuya se encuentra bajo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, localizado en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo.
Para sustentar el expediente, el Ministerio Público reunió distintos tipos de evidencias obtenidas durante el proceso investigativo, entre ellas testimonios, documentos, pruebas periciales, materiales y actuaciones procesales.
Una de las piezas utilizadas en la acusación es la grabación de la llamada recibida por el centro de atención de AERODOM mediante Amazon Connect. El audio fue conservado y posteriormente llevado a formato de transcripción para incorporarlo a la investigación.
El expediente incluye además certificaciones de las empresas telefónicas, utilizadas para determinar desde dónde se originó la comunicación y relacionar el número empleado con el equipo que, según la investigación, estaba en poder del acusado.
También fueron incorporados informes técnicos preparados por especialistas de AERODOM y de la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia.
A esto se suma documentación emitida por el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), con la que el Ministerio Público procura demostrar la activación de las medidas de emergencia y el impacto que tuvo la falsa amenaza sobre las operaciones del aeropuerto.
La investigación incluyó un examen forense del teléfono móvil ocupado a Del Pino Cuya al momento de su arresto.
Los especialistas recuperaron información del dispositivo, incluidos registros, metadatos y otros elementos digitales que, según la acusación, permitieron comprobar que desde ese aparato se realizó la llamada al número de atención del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
El Ministerio Público también incorporó informes de análisis forense de evidencia digital con los que establece el vínculo entre el teléfono ocupado y la comunicación realizada el día de la alerta.
Otro de los elementos presentados es un estudio de acústica forense practicado por especialistas de la Policía Científica. De acuerdo con sus resultados, la voz contenida en las grabaciones corresponde al acusado.
Con este peritaje, la Fiscalía sostiene que existe una correspondencia científica entre la voz registrada durante la comunicación y Ángel del Pino Cuya.
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Para el Ministerio Público, la conducta atribuida al procesado encaja en infracciones contempladas por la Ley núm. 188-11, sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y la Ley núm. 267-08, sobre Terrorismo.
La institución plantea que la falsa advertencia generó una alerta con consecuencias sobre la seguridad operacional del aeropuerto, debido a que provocó la interrupción de operaciones aeronáuticas, el desvío de vuelos hacia otras terminales y la puesta en marcha de mecanismos extraordinarios de respuesta.
Con la presentación de la acusación, el Ministerio Público procura que el expediente avance a la etapa de juicio y reafirma su posición de perseguir conductas que puedan comprometer la seguridad pública, aeroportuaria y el funcionamiento de infraestructuras y servicios esenciales.
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