Santo Domingo, República Dominicana.— El Gobierno central había transferido RD$77,926.0 millones a las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) hasta agosto de 2026, un monto que supera el presupuesto vigente para todo el año de seis ministerios, de acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
Las transferencias realizadas a las distribuidoras hasta ese mes superan los RD$75,073.1 millones que suman los presupuestos vigentes para 2026 de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Turismo, Justicia y Administración Pública.
El volumen de recursos destinados a las EDE también refleja el peso que tienen estas empresas dentro del gasto público. Para 2026 fueron contemplados RD$87,908.0 millones en transferencias, un monto que, si correspondiera al presupuesto de una sola institución, la colocaría en el cuarto lugar entre las de mayor gasto presupuestado, solo por detrás de los ministerios de Educación, Salud Pública y la Presidencia de la República.
Además, ese monto superaría los presupuestos de Obras Públicas, Interior y Policía y Defensa.
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Más recursos previstos para 2027
La presión sobre las finanzas públicas se extiende al próximo año. El Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 contempla RD$116,394.7 millones en transferencias a las distribuidoras, equivalentes a unos US$1,859.3 millones.
El monto previsto para 2027 representa una nueva ampliación de los recursos públicos destinados a las EDE frente a los RD$87,908.0 millones contemplados para 2026.
El análisis del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees) señala que la necesidad recurrente de destinar recursos públicos a estas empresas estatales las convierte en una carga para las finanzas públicas.
De acuerdo con el planteamiento, estos recursos tienen como origen último a los ciudadanos y podrían tener otros usos dentro de las prioridades del Estado.
El problema de los incentivos
El Crees reconoce que las mejoras tecnológicas y operativas pueden contribuir al desempeño de las distribuidoras, pero advierte sobre los incentivos asociados a una dependencia sistemática de las transferencias estatales.
El planteamiento es que, cuando el funcionamiento de las empresas depende recurrentemente de recursos públicos, quienes las administran no asumen directamente el costo de una gestión ineficiente, mientras que ese costo termina trasladándose a los contribuyentes.
La magnitud de las transferencias, por tanto, coloca el desempeño financiero y operativo de las EDE en el centro de la discusión sobre el uso de los recursos públicos y el costo que representa para el Estado sostener el funcionamiento de las distribuidoras eléctricas.
