Santo Domingo.– La cantidad de puestos de trabajo que aporta la minería, la protección de las fuentes de agua y las garantías de las comunidades figuran entre los aspectos que deberían pesar en las decisiones sobre el desarrollo de esta actividad en República Dominicana. Para Luis Carvajal Núñez, director de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el modelo minero debe revisarse para determinar qué territorios pueden admitir operaciones, cuáles deben quedar excluidos y qué beneficios recibe realmente la población.
Durante su intervención en RD Debate, Carvajal reconoció la necesidad de mantener la actividad minera, pero cuestionó que su presencia se considere favorable sin evaluar también sus consecuencias. «Necesitamos minería, claro que la necesitamos. El problema es qué hay que hacer, dónde se puede y cómo se debe», expresó al defender una planificación que tome en cuenta las particularidades de cada territorio.
Su propuesta incluye definir áreas en las que la explotación no esté permitida debido a la importancia de sus recursos naturales. Entre los espacios que mencionó están las nacientes de agua y las cuencas ubicadas en zonas de gran altura, donde consideró inadecuado desarrollar proyectos de megaminería metálica.
El académico resumió la contradicción que observa en el sector con una advertencia: «Si no hay minería estamos mal. Pero yo te diría: hay minería y estamos mal». Con esa afirmación, puso en discusión no solo la conveniencia de extraer minerales, sino también las condiciones bajo las cuales se realiza la actividad y sus resultados para el país.
El empleo constituye uno de los elementos que Carvajal utilizó para plantear sus dudas sobre la relación entre los aportes de la minería y las consecuencias que atribuye a sus operaciones.
Como referencia, mencionó el Informe Nacional de Estadística de 2025, al que atribuyó un total de 7,067 empleos en minas y canteras. En su exposición, comparó ese registro con los 56,000 empleos que señaló para la construcción y los más de 270,000 vinculados a la agricultura.
El director de la Comisión Ambiental calificó de «ridículo» el número de empleos mineros frente a los impactos ambientales y sociales que, según sostuvo, puede ocasionar el sector. También llamó la atención sobre los casos en que las operaciones afectan a comunidades o desplazan otras actividades económicas.
Su cuestionamiento abarca, además, la forma en que se presentan los resultados financieros de la minería. A su entender, conocer los ingresos generados o la cantidad de minerales extraídos no permite determinar por sí solo el beneficio que obtiene la sociedad.
Carvajal planteó que también debe examinarse cómo se reflejan esos recursos en las cuentas nacionales y qué resultados concretos reciben las comunidades en cuyos territorios operan las empresas. La evaluación, desde su perspectiva, debe permitir establecer si la riqueza extraída se traduce en mejoras para la vida de sus habitantes.
Los costos deben formar parte de la evaluación
La discusión sobre los beneficios económicos, según el ambientalista, no puede separarse de las consecuencias que los proyectos producen sobre el medioambiente y las poblaciones cercanas.
Carvajal sostuvo que los costos ambientales son inherentes a los proyectos mineros y que, por esa razón, la sostenibilidad requiere evaluar sus efectos en el territorio y en las comunidades. La valoración de una iniciativa, bajo ese criterio, no debería limitarse a sus perspectivas económicas, sino incorporar las repercusiones que puede generar en el entorno donde se desarrolla.
También señaló que la presión de la sociedad ha contribuido a colocar la sostenibilidad en el centro del debate minero. Sin embargo, advirtió que la responsabilidad ambiental no puede quedarse en declaraciones o compromisos discursivos: debe reflejarse en la gestión y las decisiones que acompañan a cada proyecto.
Leyes existentes, aplicación pendiente
Para Carvajal, el país cuenta con disposiciones que pueden servir para regular la minería, aunque considera necesario garantizar que se cumplan. Entre ellas identificó la Ley 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El académico señaló que el Ministerio de Medio Ambiente debe revisar la aplicación de las normas vigentes y que la evaluación de los proyectos debe partir de las condiciones específicas del lugar donde se pretende operar. Esto supone considerar las características ambientales y territoriales antes de autorizar una explotación.
En ese marco, la delimitación de zonas donde la minería esté restringida constituye una de las medidas que propone discutir. La intención es que la ubicación de los proyectos responda a las condiciones del territorio y a la protección de recursos naturales, en vez de atender únicamente a la posibilidad de desarrollar una inversión.
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La reforma minera y los derechos sobre los terrenos
La revisión de las garantías legales para los propietarios de terrenos donde existen concesiones de exploración o explotación también forma parte de los cambios que Carvajal considera necesarios.
El director de la Comisión Ambiental de la UASD planteó que la nueva ley minera examine la protección que corresponde a esas personas. Su preocupación se centra en la situación jurídica de quienes poseen terrenos incluidos en áreas concesionadas y en la necesidad de que sus derechos sean considerados dentro del marco regulatorio.
Carvajal advirtió que la seguridad jurídica de las inversiones no debe prevalecer sobre la seguridad jurídica de la población. Por ello, propuso que la reforma tome en cuenta los derechos de propietarios y residentes de las zonas involucradas, además de las garantías que corresponden a las empresas.
Las propuestas fueron expuestas en RD Debate, una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) que promueve el intercambio de ideas y la participación ciudadana.
La edición contó con Susana Gautreau como moderadora invitada, junto a los moderadores habituales Víctor Gómez Casanova y Jaime Rincón. El espacio se transmitió por RTVD, Canal 4; la Z101 y El Nuevo Diario TV, así como a través de más de 20 medios aliados.
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