Santo Domingo, República Dominicana.— Las pérdidas del sector eléctrico dominicano aumentaron de 33% a 39.9% entre 2020 y 2026, mientras los subsidios estatales alcanzaron RD$118,000 millones este año, por encima de los RD$85,000 millones inicialmente presupuestados, según expuso el exsuperintendente de Electricidad Juan Gómez durante un coloquio académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Las cifras reflejan la dimensión fiscal y financiera de las ineficiencias que, a juicio de Gómez, continúan afectando al sistema. El exfuncionario sostuvo que el debate no debe limitarse al costo de la electricidad, sino a cuánto le cuesta al país mantener sin resolver los problemas estructurales del sector.
Gómez afirmó que la energía no facturada y las pérdidas físicas representan un problema financiero acumulado que supera los US$5,100 millones en 2026. También estimó que el déficit financiero de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) rondará los US$2,000 millones este año, mientras las pérdidas acumuladas desde 2020 superarían los US$10,300 millones.
El impacto, señaló, se refleja en los ingresos de las empresas eléctricas, principalmente en Edeeste. En ese contexto, consideró que la sostenibilidad financiera del sistema exige mejorar la gestión y reducir las pérdidas, además de modernizar las redes.
Te podría interesar: Las pérdidas eléctricas del 39% amenazan la competitividad de República Dominicana
El costo de mantener las ineficiencias
Durante su exposición, titulada “Déficit del sector eléctrico dominicano: importancia fiscal, ineficiencias estructurales y costos de oportunidad para la economía”, Gómez planteó que el país necesita una gestión integral que combine inversión física, mejoras en la gestión comercial y una gobernanza eficiente.
El exsuperintendente indicó que la pérdida financiera de las EDE alcanza RD$97,535 millones anuales y advirtió que el balance financiero del sector podría superar los US$2,000 millones en 2026 si no se corrigen las deficiencias de gestión.
Como parte de las herramientas para impulsar cambios, citó la Ley 1-12 y el Pacto Eléctrico, mecanismos que, según explicó, están orientados a promover la eficiencia, la sostenibilidad y la reducción de pérdidas, con énfasis en la modernización y la diversificación energética.
Gómez sostuvo que invertir en eficiencia energética es clave para reducir costos de oportunidad y mejorar la productividad general de la economía. Su planteamiento apunta a que el problema eléctrico no se limita a los recursos destinados a cubrir el déficit, sino que también tiene consecuencias sobre el uso de fondos públicos y el desempeño económico.
Cuellos de botella limitan la integración renovable
Desde otra perspectiva, el especialista en energía Alberto Veloz atribuyó los cuellos de botella en las redes de transmisión y distribución a los retrasos en las inversiones necesarias para ampliar la capacidad energética del país.
Veloz señaló que, aunque la capacidad instalada ha aumentado, las redes no han recibido a tiempo las inversiones requeridas para acompañar esa expansión. A su juicio, esa brecha ha llevado a las autoridades a restringir la inyección de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mediante mecanismos conocidos como curtailment.
Según explicó, el argumento utilizado para aplicar esas restricciones ha sido preservar la estabilidad del sistema ante la naturaleza variable de fuentes como la solar y la eólica.
Al exponer sobre “Alternativas tecnológicas, costos de generación y decisiones de políticas”, Veloz abordó el papel de las energías renovables y el almacenamiento. Destacó que la generación eólica y solar es importante para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir los costos de generación.
El especialista también indicó que los precios promedio de la energía en el mercado durante 2025 fluctuaron entre US$0.14 y US$0.17 por kilovatio hora. Añadió que los precios no solo han aumentado para el fuel oil, sino también para el gas natural y el carbón.
Veloz reconoció los esfuerzos de las autoridades para mantener la estabilidad del sistema y ampliar la generación mediante fuentes renovables y convencionales. Sin embargo, su diagnóstico pone el foco en la necesidad de que la infraestructura de transmisión y distribución avance al ritmo de la expansión de la capacidad instalada.
Las exposiciones de Gómez y Veloz se realizaron en el quinto coloquio del Centro de Investigaciones Padre José Luis Alemán, de la PUCMM, y abordaron dos dimensiones relacionadas del sector: el costo financiero de las pérdidas y las limitaciones de infraestructura que condicionan la integración de nueva generación.
