Santo Domingo, República Dominicana.— Las pérdidas de distribución eléctrica rondaron el 39% de la energía disponible en República Dominicana durante 2025, un nivel que presiona las finanzas de las empresas distribuidoras y limita su capacidad para reinvertir en infraestructura, con implicaciones para la competitividad y la atracción de inversiones productivas, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tomás Bermúdez, gerente del Departamento Regional de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del organismo multilateral, explicó a elDinero que el impacto de estas pérdidas trasciende la operación cotidiana de las distribuidoras: debilita sus flujos de caja y su calidad crediticia, restringe las inversiones y reduce el atractivo para financiar proyectos de generación, transmisión y distribución.
El problema adquiere relevancia para una economía que busca ampliar sus exportaciones y captar actividades de mayor valor agregado. República Dominicana cuenta con cerca de 100 parques de zonas francas, más de 850 empresas y alrededor de 200,000 empleos directos. En 2025, las exportaciones de ese sector superaron los US$8,500 millones, de acuerdo con los datos citados por Bermúdez.
Para aprovechar esa base productiva, el país necesita algo más que disponibilidad de energía renovable. Según el ejecutivo, las empresas también requieren un suministro confiable y a precios competitivos, redes capaces de responder a la demanda, logística eficiente, talento, permisos ágiles y reglas claras.
Las pérdidas restringen la inversión eléctrica
El desafío dominicano forma parte de un problema regional. Según las estimaciones del BID, las pérdidas eléctricas en América Latina superan el 17% de la energía, más del doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Bermúdez identifica la reducción de esas pérdidas como una de las principales tareas estructurales del sistema eléctrico dominicano. Para avanzar, plantea combinar inversiones en infraestructura con mejoras en la gestión comercial y operativa de las distribuidoras.
Entre las medidas propuestas figuran la modernización de subestaciones y líneas, la incorporación de sistemas de medición inteligente, el análisis de datos y el mantenimiento predictivo. El organismo también considera necesario fortalecer la cobranza y la gestión comercial para reducir tanto las pérdidas técnicas como las no técnicas.
La lógica económica es directa: cuando las distribuidoras pierden una proporción elevada de la energía disponible, se deteriora su capacidad financiera para mantener y ampliar las redes. Esa limitación puede afectar la calidad del servicio y dificultar las inversiones necesarias para atender nuevas actividades productivas.
El BID plantea reformas de gestión y regulación
Además de las mejoras técnicas, el organismo multilateral propone fortalecer el gobierno corporativo de las empresas eléctricas públicas mediante directorios profesionales, procesos de compras transparentes, contratos de gestión vinculados a resultados y estabilidad de los equipos técnicos.
Bermúdez también señaló la importancia de contar con una regulación independiente y una trayectoria tarifaria gradual hacia la recuperación de costos, con mecanismos de protección focalizados en los hogares vulnerables.
Estas medidas apuntan a mejorar la gestión financiera e institucional del sector, mientras se procura equilibrar la sostenibilidad económica del servicio con la protección de los consumidores que tienen menor capacidad de pago.
El planteamiento conecta la reforma de las distribuidoras con la capacidad del país para financiar la infraestructura que demanda su crecimiento económico.
Más renovables requieren redes preparadas
La transformación de la matriz de generación es otro componente de la agenda. Según las cifras citadas por Bermúdez, la participación de las fuentes renovables en República Dominicana aumentó del 16% en 2021 al 25% en 2025.
Sin embargo, una mayor presencia de energía renovable exige redes capaces de incorporarla de forma confiable y a costos competitivos. El BID promueve cambios regulatorios para facilitar el almacenamiento mediante baterías, modernizar las reglas del mercado eléctrico y mejorar la planificación y operación del sistema.
El almacenamiento permite desplazar energía entre distintas horas y aportar servicios que contribuyen a la estabilidad de la red. Su incorporación, no obstante, debe responder a las necesidades y características específicas de cada sistema eléctrico, según Bermúdez.
El ejecutivo considera que el desarrollo de estas tecnologías debe acompañarse de mejoras en transmisión y distribución, reducción de pérdidas y regulación de la generación distribuida. La expansión de las renovables, por sí sola, no elimina las restricciones de infraestructura que pueden limitar el aprovechamiento de la energía disponible.
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Financiamiento para ampliar la infraestructura
La magnitud de las necesidades también plantea un desafío de financiamiento. El Grupo BID estima que República Dominicana y otros países de Centroamérica, Panamá, Haití y México necesitan invertir alrededor del 0.60% del producto interno bruto (PIB) anual en infraestructura eléctrica.
Ante las limitaciones de los recursos públicos, el organismo plantea movilizar capital privado mediante alianzas público-privadas, garantías y esquemas de financiamiento combinado.
En República Dominicana, estos instrumentos buscan movilizar más de US$1,100 millones en cofinanciamiento para apoyar la transformación de la matriz de generación.
Para Bermúdez, la confiabilidad del suministro, la calidad de las redes y la capacidad de atraer inversión serán determinantes para aprovechar las oportunidades productivas de las zonas francas y otros sectores de la economía. Reducir las pérdidas y fortalecer la infraestructura eléctrica aparecen así como condiciones relevantes para acompañar la expansión de las actividades exportadoras.
Fuente: Entrevista de elDinero a Tomás Bermúdez, gerente del Departamento Regional de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del BID.
