En la política internacional, la energía ha recuperado una centralidad que nunca perdió del todo. Las guerras, las sanciones comerciales, la inseguridad de las rutas marítimas y la competencia tecnológica repercuten sobre el precio y la disponibilidad de recursos indispensables para el desarrollo. Una crisis surgida a miles de kilómetros puede alterar el transporte de mercancías, el costo de producir alimentos y la estabilidad de los sistemas eléctricos. La globalización hizo más estrechos esos vínculos; la fragmentación geopolítica los ha vuelto más frágiles.
Sería simplista atribuir cada perturbación a la ideología. Detrás de las decisiones energéticas existen intereses económicos, preocupaciones legítimas de seguridad y distintas capacidades nacionales. Sin embargo, cuando las convicciones políticas se imponen sobre el análisis técnico, las diferencias dejan de administrarse con prudencia y comienzan a alimentarse de certezas que nadie somete a prueba. En un extremo, los combustibles fósiles se defienden como si su permanencia fuera una cuestión de identidad; en el otro, se promete sustituirlos sin atender al tiempo, la infraestructura y los costos que exige transformar una economía. Ambos discursos pueden terminar ignorando lo esencial: las consecuencias reales de sus decisiones.
Los acontecimientos recientes ilustran esa exposición. La crisis energética asociada a la invasión rusa de Ucrania en 2022 y las perturbaciones del comercio de hidrocarburos vinculadas al conflicto en Oriente Medio en 2026 obligaron a revisar prioridades de abastecimiento e inversión. La Agencia Internacional de la Energía ha advertido, además, que la concentración del procesamiento de minerales críticos y de la fabricación de tecnologías energéticas introduce nuevas vulnerabilidades. Cambiar la dependencia del petróleo por una dependencia tecnológica igualmente concentrada no resolvería, por sí solo, el problema estratégico. La diversificación debe abarcar fuentes, proveedores, redes y conocimiento.
Pero la urgencia de la seguridad energética tampoco puede convertirse en argumento para aplazar indefinidamente la acción climática. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha establecido que las actividades humanas, principalmente las emisiones de gases de efecto invernadero, han causado el calentamiento global. Ese conocimiento no depende de mayorías parlamentarias ni de afinidades geopolíticas. Puede discutirse la eficacia de un instrumento, su costo o su ritmo de aplicación; no corresponde colocar los hechos físicos al mismo nivel que una consigna. La ciencia no sustituye la deliberación pública, pero fija límites a lo que una política responsable puede desconocer.
La transición energética plantea, por tanto, un desafío más exigente que la confrontación entre defensores y detractores de determinadas tecnologías. Un sistema debe producir energía asequible, resistir interrupciones y reducir progresivamente sus emisiones. Para lograrlo se requieren generación de bajas emisiones, redes modernas, almacenamiento, eficiencia y capacidad de respuesta. La Agencia Internacional de Energías Renovables constató que, en 2024, el 91 % de la nueva capacidad renovable a gran escala evaluada generaba electricidad a menor costo que la alternativa fósil nueva más barata. El dato es relevante, aunque no elimina las diferencias entre territorios ni los gastos de integración a las redes.
Precisamente ahí comienza la responsabilidad de la gestión pública: convertir aspiraciones generales en decisiones que puedan medirse. Una política energética seria no se agota en inaugurar instalaciones ni en anunciar metas. Debe ponderar el costo de la electricidad durante la vida útil de los proyectos, la resiliencia de la infraestructura, el acceso al financiamiento, los impactos ambientales y la protección de los consumidores. También exige revisar sus resultados a la luz de nuevos conocimientos. La coherencia institucional no consiste en mantener intacta una decisión, sino en saber corregirla cuando la evidencia lo reclama.
En el plano multilateral, la discusión requiere una dosis adicional de realismo. El balance mundial acordado en la COP28 llamó a avanzar hacia una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa, junto con la expansión de las renovables y la eficiencia. Esa orientación no resuelve automáticamente cómo distribuir los costos. Para muchos países en desarrollo, los intereses de una transición acelerada conviven con deuda, restricciones presupuestarias y necesidades básicas de inversión. Sin mecanismos eficaces de financiamiento, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades, la ambición internacional corre el riesgo de quedar reducida a una sucesión de compromisos desiguales.
Los pequeños Estados insulares conocen esa contradicción con particular intensidad. Contribuyen en proporción limitada a las emisiones históricas, pero afrontan amenazas climáticas sobre sus costas, su infraestructura y sus actividades económicas. A la vez, numerosos países del Caribe dependen de mercados externos para abastecerse de energía y adquirir tecnologías. La República Dominicana participa de esa realidad. Su interés no radica en reproducir los alineamientos de las grandes potencias, sino en defender una cooperación que reconozca vulnerabilidades compartidas, respete las circunstancias nacionales y favorezca soluciones comprobables.
La diplomacia climática y energética necesita recuperar un lenguaje de responsabilidad. No basta con invocar la soberanía para justificar cualquier fuente de suministro, ni con proclamar la descarbonización sin explicar cómo sostener el desarrollo durante el cambio. La seguridad del presente y la estabilidad del clima futuro forman parte de una misma obligación pública. La cooperación internacional ofrece mejores resultados cuando se apoya en información transparente, compromisos verificables y una distribución razonable de los esfuerzos, no cuando se convierte en escenario de competencia retórica.
La geopolítica seguirá influyendo sobre los mercados y las decisiones nacionales. Lo que no debería admitirse es que esa influencia termine dictando lo que la ciencia puede decir o lo que los gobiernos están dispuestos a escuchar. La ideología puede orientar preferencias; no puede alterar la evidencia ni suspender las consecuencias de ignorarla. En una época de incertidumbre energética y presión climática, la verdadera capacidad de conducción consiste en proteger el abastecimiento sin renunciar a la descarbonización y en hacer de la cooperación una respuesta más duradera que el enfrentamiento.
Referencias de contexto: AIE, State of Energy Policy 2026 y World Energy Investment 2026; IPCC, Informe de síntesis (2023); IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2024 (2025); CMNUCC, balance mundial de la COP28 (2023).
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