Caracas.– La petrolera estadounidense ExxonMobil y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) firmaron un memorando de entendimiento para evaluar posibles inversiones en exploración y producción de hidrocarburos, una iniciativa que podría acercar nuevamente a la compañía al mercado venezolano después de años de disputas legales con el Estado.
El documento, que no tiene carácter vinculante, fue suscrito el lunes en el palacio de gobierno de Caracas, luego de varios meses de contactos entre ambas partes. La firma contó con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream Company, división responsable de la cartera mundial de exploración y producción de petróleo y gas de la empresa.
Tras el acto, Rodríguez expresó su expectativa de que el entendimiento avance hacia compromisos concretos y se traduzca en inversiones para el sector energético venezolano.
“Yo espero que este memorando se traduzca muy pronto en acuerdos concretos y que esos acuerdos empiecen a generar los resultados que esperamos en inversiones de esta naturaleza”, manifestó la mandataria, según un comunicado divulgado el martes.
Aunque no se ofrecieron detalles sobre el contenido del memorando ni los posibles montos de inversión, la gobernante aseguró que Venezuela dispone de condiciones para proteger las operaciones de la compañía estadounidense.
En ese sentido, afirmó que el Estado venezolano “ofrece un marco sólido de seguridad jurídica para resguardar las operaciones de la compañía norteamericana, con la expectativa de que el acuerdo devenga un impacto directo sobre el desarrollo nacional”.
De acuerdo con datos publicados AP, el entendimiento se produce después de que ExxonMobil expresara en distintas ocasiones sus reservas sobre las condiciones para invertir en Venezuela, incluso tras la salida del expresidente Nicolás Maduro.
La empresa ha señalado recientemente que cualquier decisión de inversión en ese país debe estar precedida de garantías, entre ellas políticas y regulaciones petroleras claras y mecanismos adecuados de protección para el capital invertido.
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, valoró el martes el acuerdo preliminar mediante una publicación en su cuenta de la red social X y lo vinculó con la política energética del presidente Donald Trump hacia Venezuela.
“El acuerdo preliminar de ExxonMobil para regresar a Venezuela es un testimonio del liderazgo del presidente (Donald) Trump. Un país considerado ’no invertible’ a principios de este año ya está atrayendo un compromiso significativo de una de las mayores empresas energéticas del mundo”, expresó.
Conseguir que compañías petroleras estadounidenses participen en la recuperación de la infraestructura energética venezolana figura entre las prioridades del Gobierno de Trump, luego de la operación militar realizada en Caracas en enero, que depuso y capturó a Maduro.
El acercamiento entre PDVSA y ExxonMobil también coincide con cambios en el marco regulatorio del sector. En enero fue aprobada una nueva ley de hidrocarburos que redujo de manera significativa el control estatal sobre las operaciones petroleras, vigente durante las últimas dos décadas, y abrió mayores posibilidades de participación para inversionistas extranjeros.
A partir de esa reforma, el Departamento del Tesoro estadounidense comenzó a flexibilizar las sanciones relacionadas con los hidrocarburos venezolanos y amplió la capacidad de empresas energéticas de Estados Unidos y otros países para desarrollar actividades en Venezuela.
La relación entre ExxonMobil y Venezuela quedó marcada por las decisiones adoptadas en 2007 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien endureció el control estatal sobre la actividad petrolera y afectó las operaciones de compañías estadounidenses, entre ellas ExxonMobil, que terminó abandonando el país.
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Posteriormente, el Gobierno venezolano expropió los activos de la petrolera. La compensación ofrecida por las autoridades fue considerada insuficiente por la compañía, que acudió a instancias internacionales para reclamar por la pérdida de sus instalaciones y los cambios en las condiciones fiscales de sus operaciones.
En 2014, un panel de arbitraje internacional ordenó a Venezuela pagar 1,600 millones de dólares a ExxonMobil por la expropiación de sus instalaciones en la Faja Oriental del río Orinoco.
La compañía también presentó reclamaciones contra el Estado venezolano por los incrementos de regalías y otros tributos que comenzaron a aplicarse desde 2004, al considerar que vulneraban los acuerdos operativos suscritos más de una década antes.
La decisión arbitral fue recibida favorablemente por las autoridades venezolanas de entonces, que entendieron que ponía fin a las pretensiones de ExxonMobil de obtener una compensación cercana a los US$20,000 millones.
El nuevo memorando entre ambas compañías representa un acercamiento después de ese prolongado conflicto, aunque su carácter no vinculante y la ausencia de detalles sobre inversiones concretas mantienen abierta la posibilidad de futuras negociaciones, sin que todavía se haya confirmado un acuerdo definitivo para el retorno de ExxonMobil.
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