El Ministerio Público ha presentado este viernes la solicitud de medida de coerción contra los acusados en el caso Intrant-Transcore Latam, una ramificación de la Operación Camaleón.
Los imputados están vinculados a una red de corrupción y crimen organizado que presuntamente ejecutó un desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, contrabando, sabotaje y robo de identidad, entre otros delitos.
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El órgano persecutor ha solicitado prisión preventiva para los implicados y la declaratoria de complejidad del proceso.
Entre los acusados figuran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Frank Díaz Warden, coordinador de despacho; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), empresario; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
La investigación del Ministerio Público ha revelado contratos fraudulentos, como el relacionado con la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un acuerdo ilícito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix S.A.S., usada para usurpar funciones de organismos de inteligencia y sabotear la red semafórica en agosto de 2024.
Durante la Operación Camaleón, se realizaron allanamientos en varias localidades, incautando evidencia clave que respalda las imputaciones. El Ministerio Público sostiene que el caso involucra actos de terrorismo contra infraestructura crítica, contrabando y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
Las autoridades han calificado esta operación como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado y esperan que el tribunal acoja la medida de coerción y la declaratoria de complejidad del proceso.
