El exsenador de la provincia La Romana denunció que las concesiones aeroportuarias en República Dominicana han favorecido desproporcionadamente a los operadores privados, en perjuicio de los pasajeros y el patrimonio público.
El exlegislador señaló que, cuando Aerodom obtuvo la concesión de los principales aeropuertos del país, aseguró que no necesitaría recurrir al cobro de tasas aeroportuarias para su viabilidad financiera. Sin embargo, tras obtener el contrato, incumplió su compromiso de construir un aeropuerto en Arroyo Barril, Samaná, sin enfrentar sanciones. En cambio, el entonces presidente Hipólito Mejía aprobó una modificación en los términos, permitiéndole construir en El Catey sin penalización.
Asimismo, denunció que el gobierno de la época adoptó medidas que beneficiaron a la concesionaria privada, como la homologación y aumento de las tasas aeroportuarias, la extensión de la concesión por cinco años adicionales sin justificación clara y la transferencia de ingresos al sector privado en lugar de al Estado.
El exsenador calificó estas decisiones como un abuso contra los pasajeros y un manejo irregular de los recursos públicos, instando a una revisión profunda del esquema de concesiones aeroportuarias en el país.
