El empresario Juan Rolando Espinal denunció que en República Dominicana continúan otorgando exoneraciones de combustibles a plantas eléctricas que llevan décadas fuera de operación, situación que, a su juicio, alimenta estructuras irregulares de distribución y lavado de activos.
Además, advirtió que miles de galones de diésel exonerados siguen siendo utilizados fuera del sistema eléctrico y terminan comercializándose en la cadena de estaciones de servicio, algunas vinculadas a actores protegidos por el esquema de subsidios.
En ese contexto, mencionó directamente a la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), sin ofrecer nombres específicos, pero señalando que hay marcas de estaciones que están bajo control de quienes se benefician de estas distorsiones.
“Se siguen vendiendo en la cadena de la gente de Anadegas”, dijo, al referirse al combustible destinado a plantas fuera de servicio.
El empresario también criticó que grandes consorcios privados, como el Grupo Puntacana, reciban combustibles exonerados bajo el amparo de la ley por operar como generadores eléctricos privados.
Aunque reconoció que estos beneficios están contemplados legalmente, cuestionó que ese marco solo favorezca a los grupos de mayor poder económico, mientras se mantiene una carga fiscal rígida para el resto del sector.
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En su declaración, Espinal sostuvo que parte de estas exoneraciones termina en manos de estructuras paralelas, que aprovechan los excedentes no regulados para actividades como el lavado de activos, comparándolo incluso con lo ocurrido en el escándalo de la Lotería Nacional.
Asimismo, advirtió que si no se aprueba una reforma que regule el manejo del combustible subsidiado, el país corre el riesgo de abrir la puerta a organizaciones del crimen transnacional.
“Si ese proyecto no pasa, el cartel de Sinaloa va a poner nombre y apellido aquí”, afirmó estas declaraciones tras ser entrevistado en el programa Las Exclusivas con José Peguero.
Aunque no ofreció cifras exactas, Espinal indicó que las cantidades involucradas son significativas y que existe un interés fuerte en mantener el esquema como está. Reiteró que, aunque por ahora estas operaciones están centradas en beneficios económicos, podrían derivar en una amenaza mayor si no se frena el descontrol en el uso de exoneraciones.
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