Los motores se han convertido en un componente indispensable de la vida cotidiana en la República Dominicana. Su utilidad en servicios de delivery, mensajería y traslados de corta distancia es innegable, e incluso representan una fuente de sustento para miles de familias. Sin embargo, la falta de regulación efectiva ha permitido que se transformen también en un serio problema social, de seguridad y de salud pública.
Basta recorrer la avenida John F. Kennedy y observar cómo debajo de los elevados se acumulan motocicletas a la espera de un servicio. La escena se repite en casi todas las intersecciones de la ciudad: ocupan espacios públicos, obstaculizan el tránsito, generan ruido y desechos sólidos. Lo más alarmante es el patrón de conducción: circular en rojo, subir a las aceras, transportar a más de un pasajero sin casco, e ignorar de manera sistemática las normas básicas de tránsito.
El costo de esta realidad no es solo urbano ni estético: también es económico y humano. Los accidentes de motor representan una de las principales causas de ingresos hospitalarios, con tratamientos cada vez más costosos que presionan al sistema de salud y afectan a familias que, en muchos casos, quedan endeudadas o en la ruina.
El Gobierno ha hablado de un plan de regularización, pero hasta ahora la población no ve resultados palpables. Ni en las paradas identificadas, ni en la organización del tránsito se reflejan los avances anunciados. La inacción estatal solo prolonga un problema que crece cada día y que amenaza con desbordarse aún más.
La motocicleta seguirá siendo necesaria en ciertos renglones de la economía. Pero su aporte no puede justificar el desorden, el irrespeto a la ley ni el riesgo permanente para conductores y peatones. Es urgente un régimen de regulación integral: registro obligatorio, paradas seguras, exigencia del uso del casco, capacitación vial y aplicación estricta de las sanciones.
