En medio del debate por la posible reapertura de Cobre Panamá, suspendida desde 2023, el foro Empleo Sostenible: Sinergia entre Minería, Medio Ambiente y Desarrollo Social ofreció en Ciudad de Panamá una mirada regional sobre cómo conciliar la minería con la sostenibilidad y la legitimidad social.
Durante el panel Minería, experiencias exitosas en lo social y ambiental, los expositores Enrique Vargas Lleras, de Colombia, y Rolando Muñoz, de República Dominicana, coincidieron en que Estado, empresa y comunidad deben operar bajo un mismo propósito: convertir los recursos naturales en bienestar duradero.
Vargas Lleras recordó que la minería colombiana genera 350,000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos, cifras que muestran su peso económico. Sin embargo, advirtió que la legitimidad del sector depende de la cooperación entre lo público y lo privado.
Señaló que las normas ambientales no bastan si no van acompañadas de voluntad conjunta para mitigar los impactos sobre la salud y el ambiente.
El análisis incluyó regiones como Cesar, La Guajira y Córdoba, donde la minería es motor económico, pero también genera tensiones sociales y ambientales.
El líder gremial planteó la necesidad de aplicar tecnologías limpias, eficientes y de cero mercurio, sumadas a monitoreos rigurosos y a la participación de universidades e institutos científicos. También resaltó la urgencia de formalizar la pequeña minería aurífera, hoy mayormente informal, y mejorar la infraestructura y la comunicación con las comunidades.
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RD: minería con 27.8% del territorio protegido y solo 2% del agua nacional
La exposición de Rolando Muñoz reforzó la visión de una minería alineada con políticas ambientales. Destacó que 27.8% del territorio dominicano está bajo protección y que la actividad minera utiliza apenas 2% del agua nacional, recurso que “se recicla hasta diez veces”.
El contraste con la agricultura —que consume 80% del agua sin reutilización— sirvió para desmontar lo que definió como “el mito de que la minería destruye los recursos naturales”.
Muñoz afirmó que los países tienen “el derecho y el deber de saber qué recursos poseen y explotarlos”, siempre que generen desarrollo humano. Explicó que este enfoque dio origen al reasentamiento de más de 700 familias en el proyecto de expansión de Pueblo Viejo, ejecutado bajo estándares del Banco Mundial y con viviendas, servicios, títulos y espacios comunitarios.
También subrayó que la minería puede convivir con turismo y agricultura, siempre que exista planificación territorial y gestión ambiental robusta. Para él, los proyectos deben “motorizar el desarrollo y la participación de las comunidades”.
Un mensaje regional: legitimidad solo con transparencia y gobernanza compartida
Las experiencias de Colombia y República Dominicana coincidieron en una premisa: la minería solo gana legitimidad cuando se convierte en un proyecto de país, basado en transparencia, redistribución y respeto ambiental.
Vargas Lleras insistió en fortalecer alianzas entre Estado, academia y comunidades para proteger fuentes hídricas y garantizar coexistencia equilibrada en los territorios mineros. Muñoz mostró cómo la minería puede aportar estabilidad económica, empleo y valor agregado sin romper su compromiso social ni ambiental.
El debate deja una conclusión para Panamá: la pregunta no es si debe existir minería, sino cómo garantizar que produzca bienestar duradero. La eventual reapertura de Cobre Panamá solo será viable si adopta principios como gobernanza compartida, innovación tecnológica, redistribución territorial y respeto por el agua y las comunidades.
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