El ritmo legislativo del Congreso Nacional ha demostrado, una vez más, una sincronización que merece un análisis profundo. Mientras la ciudadanía y los medios de comunicación se encontraban absortos en el complejo y sensible caso de corrección del Seguro Nacional de Salud (SENASA), el poder legislativo procedió a aprobar dos piezas fundamentales para el futuro del país: la Ley de Residuos Sólidos y el Presupuesto General del Estado para el 2026.
La aprobación de la Ley de Residuos Sólidos es un paso necesario y largamente esperado para abordar la crisis ambiental dominicana. Sin embargo, el momento de su promulgación, coincidiendo con el pico de atención mediática sobre SENASA, lo que ha despertado la atención de sectores económicos que esperan la culminación del consenso social.
Más preocupante aún es la aprobación del Presupuesto 2026, especialmente si se confirma que fue ratificado sin incluir la necesaria indexación salarial para los empleados que pagan este tributo por falta de una actualización de la escala que debe pagarlo. Esta decisión afecta directamente el poder adquisitivo de miles de familias, quedando eclipsada por el escándalo de salud.
Este patrón de aprobar legislación de alto impacto cuando la opinión pública está enfocada en otro tema, ya sea un escándalo o una noticia de gran repercusión, ha llevado a la oposición a señalar que hubo una estrategia deliberada para minimizar el escrutinio y el debate social.
El Congreso tiene la obligación de legislar con total transparencia y en el momento oportuno, no a la sombra de otras coyunturas. La ciudadanía merece que sus representantes rindan cuentas por cada ley aprobada, independientemente del titular del día.
