La decisión del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) de fortalecer los controles para la emisión de licencias de conducir constituye un paso acertado y necesario en un país donde los accidentes de tránsito siguen representando una de las principales causas de muerte. La medida cobra aún mayor relevancia si se toma en cuenta que una proporción significativa de estos accidentes involucra motocicletas, el medio de transporte más extendido en gran parte del territorio nacional.
Durante años, la debilidad en los procesos de evaluación y la falta de controles rigurosos han permitido que muchas personas obtengan una licencia sin demostrar plenamente las habilidades y conocimientos necesarios para conducir de manera responsable. Esto no solo pone en riesgo la vida del propio conductor, sino también la de peatones, pasajeros y otros usuarios de las vías.
Fortalecer los mecanismos de evaluación, tanto teóricos como prácticos, no debe interpretarse como una carga adicional para la ciudadanía, sino como una política pública orientada a proteger vidas.
Miles de motoristas circulan diariamente por las calles y carreteras del país, muchas veces sin la formación adecuada, sin equipos de protección o sin pleno conocimiento de las reglas de tránsito. Este panorama explica por qué los motociclistas concentran el mayor número de víctimas fatales en accidentes de tránsito.
Por ello, la decisión del Intrant apunta en la dirección correcta. Elevar los estándares para la obtención de licencias, exigir procesos más rigurosos y promover una mayor cultura de seguridad vial son pasos indispensables para reducir la alarmante cifra de siniestros en las carreteras dominicanas.
Sin embargo, para que esta política tenga éxito, es fundamental contar con la colaboración de la ciudadanía. Los conductores deben comprender que actualizar su documento y cumplir con los nuevos requisitos no es solo un trámite administrativo, sino una contribución directa a la seguridad colectiva.
