La Cordillera Septentrional, uno de los sistemas montañosos más importantes de la República Dominicana, vuelve al centro del debate público tras la identificación de al menos tres concesiones mineras de exploración otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a distintas empresas, abarcando miles de hectáreas en provincias del norte del país.
De acuerdo con un informe preliminar de la comisión de medio ambiente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), los proyectos Cobre-El Hoyazo II, Lluvia de Oro y Monte Hoyazo figuran entre las iniciativas autorizadas o en proceso, bajo las empresas Vertrixi Holding, S.R.L., Proyecto Minero Gold Rain, S.R.L. y Unigold Resources, Inc.
Amplias zonas bajo exploración
El documento R-MEM-CM-013-2024 establece que la empresa Vertrixi Holding recibió autorización para explorar oro, plata, cobre y otros metales básicos en una extensión de 8,931.01 hectáreas, distribuidas entre Puerto Plata y Santiago.
Las áreas incluyen municipios como Altamira, así como múltiples distritos municipales y comunidades rurales, entre ellas Pedro García, Yásica Arriba, Río Grande y San Francisco de Jacagua, además de decenas de parajes que forman parte de un ecosistema clave para la producción hídrica y biodiversidad de la región.
Por su parte, el documento R-MEM-CM-006-2024 concede al proyecto Lluvia de Oro, de Gold Rain, un permiso de exploración sobre 3,500 hectáreas en Puerto Plata, abarcando municipios como Imbert, Altamira y Guananico, con impacto potencial en comunidades agrícolas y zonas boscosas.
Caso Monte Hoyazo: en revisión
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el proyecto Monte Hoyazo, vinculado a Unigold Resources, Inc.. Aunque en el Sistema de Gestión de Concesiones Mineras (SGCM) aparece desde diciembre de 2020 con estatus de “en revisión”, el informe de la UASD sostiene que ya se estarían realizando trabajos de exploración en el área.
Esta situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y cumplimiento normativo en el sector minero, así como sobre la transparencia en los procesos de autorización.
Cláusula
Entre los hallazgos más sensibles figura el acápite octavo de la resolución correspondiente al proyecto Cobre-El Hoyazo II, que establece la posibilidad de que la concesionaria solicite, en el futuro, la concesión de explotación dentro del área explorada.
Este punto ha sido interpretado por sectores sociales y religiosos como una puerta abierta a la explotación minera, siempre que la empresa cumpla con los requisitos establecidos en la Ley Minera 146-71.
Movilización social en defensa del territorio
Frente a este escenario, el colectivo “Unidos Somos Más”, integrado por sacerdotes, campesinos y comunitarios, ha intensificado su agenda de movilización. El grupo ha convocado a una cuarta marcha en defensa de los recursos naturales de la cordillera.
La jornada iniciará con una caminata penitencial desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, recorriendo importantes vías urbanas hasta culminar con la lectura de un manifiesto frente a la Gobernación Provincial.
Los organizadores aseguran que la protesta busca visibilizar los riesgos ambientales, especialmente en una zona considerada estratégica para el equilibrio ecológico y el abastecimiento de agua en el norte del país.
Un conflicto en evolución
El avance de proyectos de exploración minera en la Cordillera Septentrional coloca en tensión dos visiones: por un lado, el aprovechamiento de recursos minerales como motor económico, y por otro, la preservación de ecosistemas sensibles y comunidades rurales.
Con el informe final de la UASD aún pendiente, el tema se perfila como uno de los principales focos de discusión ambiental y política en los próximos meses en la República Dominicana.
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