El jurista dominicano Julio Cury advirtió que tanto Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) como el Estado dominicano podrían enfrentar demandas judiciales debido a los daños y perjuicios ocasionados a pasajeros tras el apagón que afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA) el pasado fin de semana.
Cury recordó que el artículo 147 de la Constitución obliga al Estado a garantizar la prestación de los servicios públicos con eficiencia, continuidad y calidad, lo que incluye la infraestructura aeroportuaria.
“El apagón en la principal terminal aérea del país no es un hecho menor. Miles de pasajeros resultaron afectados, las aerolíneas y empresas de servicios sufrieron pérdidas económicas, y los viajeros vieron interrumpidos sus planes de vuelo. Esto compromete tanto a la empresa privada como al Estado, que debe velar por los estándares de calidad y el cumplimiento del contrato de concesión”, afirmó.
El jurista agregó que, de comprobarse negligencia o fallas en los sistemas de respaldo eléctrico, los afectados tendrían derecho a iniciar acciones legales y reclamar indemnizaciones.
El apagón dejó sin electricidad al AILA durante varias horas, generando retrasos, desvíos de vuelos y aglomeraciones en los pasillos de migración y aduanas. El hecho ha desatado un debate público sobre la gestión de AERODOM, la capacidad de respuesta en emergencias y el rol fiscalizador del Estado.
Organizaciones empresariales y sectores de la sociedad civil han exigido una revisión exhaustiva de los sistemas de respaldo de energía y de los protocolos de contingencia en las terminales aéreas del país, para evitar que un evento similar vuelva a repetirse.
Hasta el momento, ni AERODOM ni el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), responsables de la supervisión de la concesión, se han pronunciado sobre el tema.
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