El apagón del 11 de noviembre dejó al descubierto varios aspectos: la República Dominicana no cuenta con una estrategia real de manejo de crisis en dos sectores vitales para el país —el eléctrico y el transporte masivo— y lo ocurrido evidenció improvisación, descoordinación y una preocupante falta de planificación institucional.
Las destituciones del administrador de la ETED, Martín Robles, y del director de la Opret, Rafael Santos Pérez, fueron necesarias, pero no pueden ocultar que el colapso reveló fallas estructurales de mayor profundidad.
El sector eléctrico es la columna vertebral de la economía dominicana, y su vulnerabilidad quedó expuesta en cuestión de minutos. Un fallo así afecta hospitales, comunicaciones, empresas, transporte, agua potable y seguridad pública; por eso su gestión debe operar bajo estándares de precisión, prevención y control, no bajo improvisación.
El Gobierno informó que necesitará dos semanas para revisar más de 700,000 informes y registros técnicos generados durante la avería. Esta cifra, además de reflejar la magnitud del evento, muestra lo poco automatizado y débil que todavía es el sistema para identificar, aislar y corregir fallas críticas en tiempo real.
Pero el mayor problema no fue técnico: fue de liderazgo y de comunicación. Durante las primeras horas del apagón, distintos funcionarios ofrecieron explicaciones contradictorias sin datos verificados. Una viceministra de Energía llegó a atribuir la falla a un “error humano” basándose en un informe preliminar no validado, mientras otros actores del sistema daban versiones distintas. Esa dispersión de voces, ese hablar sin información oficial, sólo alimentó la confusión pública y dejó claro que no existía un protocolo centralizado para comunicar en una emergencia nacional.
A ello se suma la situación en la Opret: un sistema de respaldo con combustible vencido, baterías inoperantes y mantenimientos postergados. Intentar intervenir un equipo de emergencia en plena operación —algo contrario a cualquier protocolo internacional— evidencia la ausencia de planificación y de cultura de manejo de riesgo. El resultado: decenas de personas atrapadas en vagones sin un plan claro de evacuación.
Los nuevos nombramientos —Alfonso Rodríguez Tejada en la ETED y Jhael Isa Tavárez en la Opret— envían un mensaje de acción, pero la experiencia demuestra que cambiar funcionarios no resuelve fallas sistémicas. La improvisación no es un accidente aislado: es un patrón que se ha repetido en momentos clave del sector eléctrico y del transporte masivo.
La República Dominicana necesita más que nombres nuevos en las instituciones. Requiere un plan nacional de manejo de crisis, protocolos unificados, mantenimiento preventivo real, tecnologías de monitoreo avanzadas y una cultura institucional basada en la anticipación, no en la reacción tardía.
