Por: Adriana Jiménez
Un nuevo capítulo se escribe en la historia política de Colombia. Tras una de las campañas electorales más controvertidas y polarizadas de los últimos tiempos, y después de una segunda vuelta bastante reñida, Gustavo Petro se alzó como presidente del país sudamericano, el pasado mes de agosto. La llegada de un primer mandatario abiertamente de ideas izquierdistas y que militó, en los años 80, dentro del grupo al margen de la ley M-19, significa un hito en la historia democrática del país.
De cara a este nuevo cuatrienio, el presidente colombiano enfrenta importantes retos en materia social y económica, en medio de los desafíos globales que afectan a todos los países del continente producto de las consecuencias de la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cambio climático y una intensa volatilidad en los mercados mundiales por el temor a una recesión en los Estados Unidos.
Desde su postura como candidato, Gustavo Petro fue insistente en destacar que una de sus grandes preocupaciones se concentraba en los temas de cambio climático y los ajustes que como nación debía hacer para impulsar ambiciosos planes en materia energética. En este sentido, la agenda ambiental será un eje central de su Gobierno enfocándose en una de las grandes promesas de campaña como es el transitar hacia una economía descarbonizada y libre de modelos extractivistas como la minería y la extracción petrolera a través del fracking.
Actualmente, la matriz energética de Colombia es considerada una de las más limpias del mundo, al depender en gran medida de energía obtenida a través de fuentes hídricas. Así lo destaca el Energy Transition Index del Foro Económico Mundial, que la ubica en el segundo puesto comparada con los países de las Américas y 25 entre 115 países. Sin embargo, la dependencia al recurso hídrico fue una de las grandes razones que llevó al gobierno a estructurar un marco normativo que permitiera el tránsito a energías renovables ante el contexto del cambio climático.
Según datos ofrecidos por el operador de mercado XM y publicados por SerColombia, Asociación de Energías Renovables, de la capacidad instalada total del país en el Sistema Interconectado Nacional de los 17.762 MW, 11.945 MW son hidráulicos, es decir el 67,3 %, mientras que 5.468, lo que corresponde a 30,7 % son térmicos, y el resto es cogeneración y plantas renovables no convencionales, en una muy pequeña proporción equivalente a tan solo 2,1 %.
«Nosotros estamos dispuestos a transitar a una economía sin carbón y sin petróleo, pero poco ayudamos a la humanidad con ello. No somos nosotros los que emitimos los gases efecto invernadero. Son los ricos del mundo quienes lo hacen, acercando al ser humano a su extinción, pero nosotros sí tenemos la mayor esponja de absorción de estos gases después de los océanos: la selva amazónica», aseguró el mandatario colombiano en momentos que exponía su posición frente al cambio climático.
A pesar de la importancia que reviste para la matriz energética de Colombia, la penetración de fuentes renovables no convencionales no se ha concretado a cabalidad, sin embargo, el proceso de transición energética no ha empezado de cero por el gobierno entrante, ya que, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, la agenda del sector minero-energético logró avanzar y dejar la hoja de ruta para la adopción de las nuevas propuestas en dicha materia.
DE CARA A UN FUTURO MÁS VERDE
La manera reiterada y tajante de acelerar la transición a las energías limpias en un país como Colombia, caracterizado por una economía extractivista, supone implementar medidas urgentes y sostenidas en el tiempo para lograr cumplir con este propósito.
Entre los proyectos de mayor envergadura, y que ha ss̶generan más polémica dentro de sus detractores, se destaca el Proyecto de ley para prohibir el fracking, ̶técnica de explotación petrolera, cuestionada por los ambientalistas̶, el que fue radicado en el Congreso de la República y cuyo propósito es prohibirlo de manera absoluta además de la exploración y producción de yacimientos no convencionales de hidrocarburos en todo el territorio colombiano.
Con este objetivo, el proyecto de ley otorgaría un plazo de un año al Gobierno para reglamentar las condiciones bajo las cuales se terminarían los contratos vigentes que tengan como fin el desarrollo de estas actividades, así como la prohibición de otorgar nuevas concesiones para explotar recursos con estas técnicas y otorgar licencias ambientales con tales fines.
“El Gobierno nacional va a firmar este proyecto de ley porque fue una promesa de campaña y un firme propósito del Gobierno Nacional con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. No sería lógico que, si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre”, aseguró la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, en declaraciones a EH+, con relación al proyecto presentado al Congreso y que deberá superar cuatro debates para su aprobación.
Asimismo, el proyecto de ley en mención contiene un mandato dirigido al gobierno, para reformular, en un término máximo de dos años, la Política Pública de Transición Energética Justa, incluyendo un plan de diversificación energética y promoción de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable que logren de forma gradual y progresiva la sustitución de los combustibles fósiles.
Por otra parte, el nuevo Gobierno también ha insistido en la necesidad, a su juicio, de ir disminuyendo el peso relativo que la actividad petrolera y minera tienen actualmente en la economía nacional, por pertenecer estas a una economía de naturaleza extractivista llamada a ser reemplazada por otras actividades productivas como la agroindustria, para lo cual es posible esperar que se promuevan de manera insistente proyectos de ley que busquen otorgar beneficios e incentivos a quienes desarrollan proyectos de energía a partir de fuentes no convencionales.
Y como fórmula para hacer sostenidas en el tiempo cada una de estas iniciativas, y con miras a un impacto global, el presidente Petro ha manifestado su deseo de impulsar la creación de un instrumento empresarial y financiero latinoamericano que facilite las inversiones requeridas para la implementación de las nuevas fuentes de energía limpia.
En este contexto, anunció que buscará potencializar las fuentes de energía solares, eólicas e hidráulicas, como instrumento indispensable para enfrentar el cambio climático, por lo cual es posible esperar que se desarrollen aún más las regulaciones aplicables a estos tipos de energía y se aumenten los respectivos incentivos.
Tal como fue propuesto a lo largo de la campaña presidencial, los primeros actos del nuevo Gobierno parecen estar encaminados a acelerar la transición energética del país, buscando dejar de lado la extracción de recursos naturales fósiles y reemplazarlos por proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales, continuando con la transición energética iniciada en el 2018, sin que sea claro aún como reemplazarán a mediano y largo plazo los ingresos del Estado por concepto de regalías y exportaciones.
Una apuesta común
La propuesta del presidente Petro sobre limitar la actividad petrolera le ha permitido posicionarse como un referente en la transición energética global.
Durante su campaña, el mandatario invitó a otros líderes de la región a conformar un «bloque antipetróleo» para alejar las economías de los combustibles fósiles y crear un frente americano para la lucha contra el cambio climático.
La respuesta fue positiva y recibió una carta firmada por más de 80 parlamentarios de 30 países, quienes forman parte del movimiento denominado Llamado de los Parlamentarios por un futuro libre de combustibles fósiles, en la que manifiestan su apoyo a la propuesta de disminuir progresivamente la dependencia de las energías fósiles.
En efecto, Colombia como país productor y dependiente del petróleo podría convertirse en un laboratorio de innovación de políticas para la transición energética, con mucho que aportar a otros países productores y a la discusión para mitigar el calentamiento global.
Charles Santiago, miembro del Parlamento de Malasia, uno de los firmantes de la carta y fundador del Llamado de los Parlamentarios por un Futuro Libre de Fósiles, explicó en un comunicado que: Las propuestas de Gustavo Petro y Francia Márquez muestran valentía, pero también sentido común.
La producción de petróleo, gas y carbón tiene que terminar en cualquier caso porque es la causa principal de la crisis climática, de los desastres ambientales y las guerras en todo el mundo.
Como representantes de millones de personas, y como red de parlamentarios comprometidos a trabajar por un futuro libre de combustibles fósiles, estamos listos para apoyar al nuevo gobierno colombiano y esperamos que el nuevo Congreso haga lo mismo.
