La eficiencia energética en el sector eléctrico es un indicador clave para medir la sostenibilidad y la competitividad de un país. No se limita únicamente a la capacidad de generar energía, sino a cómo se transporta, distribuye y finalmente llega al consumidor. En este sentido, la eficiencia se mide observando la relación entre la energía que se produce y la que realmente se factura.
Un factor crítico en este análisis son las pérdidas técnicas y no técnicas, que representan la diferencia entre la energía inyectada en el sistema eléctrico y la energía que efectivamente se cobra. Las pérdidas técnicas se relacionan con las limitaciones inherentes a la infraestructura —transformadores, líneas de transmisión y distribución—, mientras que las no técnicas se asocian a problemas como fraudes, conexiones ilegales, errores de facturación o deficiencias en la gestión comercial.
En República Dominicana, para junio de 2025, las pérdidas del sector eléctrico, específicamente las pérdidas técnicas y no técnicas en la distribución, se sitúan en torno al 37.6%, según datos del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES). Este porcentaje ubica al país muy por encima del promedio de América Latina, donde las pérdidas rondan entre un 10 % y 15 %.
Su cálculo se expresa con la fórmula: Pérdidas (%) = ((Energía Inyectada al Sistema – Energía Facturada) / Energía Inyectada al Sistema) × 100
Estándares internacionales de eficiencia
A nivel internacional, organismos como la Agencia Internacional de Energía (IEA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) establecen que las pérdidas aceptables en sistemas eléctricos modernos no deberían superar el 10 %. En países como Chile y Uruguay, las pérdidas rondan entre el 6 % y 8 %, lo que muestra la brecha significativa que aún enfrenta República Dominicana.
En el país, las tres distribuidoras estatales (EDE Este, EDE Norte y EDE Sur) continúan mostrando ineficiencias estructurales. Estas empresas enfrentan dificultades en la gestión comercial, la modernización de las redes y la implementación de tecnología para reducir pérdidas no técnicas.
La problemática se agrava porque estas pérdidas impactan directamente en las finanzas públicas. El Estado debe cubrir con subsidios gran parte del déficit generado por la energía que no se factura, lo que en 2024 representó más de mil millones de dólares anuales.
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El Rol del Estado y la participación privada
Como ingeniero, reconozco que existe un temor comprensible en la sociedad dominicana hacia la participación del sector privado en la comercialización y distribución de la electricidad. Ese temor nace de experiencias pasadas donde los procesos de privatización fueron mal ejecutados y generaron más desconfianza que resultados. Sin embargo, es necesario plantear alternativas viables para que el sector eléctrico sea sostenible.
En un artículo anterior propuse que el Estado se mantenga como dueño de los activos, ya que estos pueden valorarse y depreciarse contablemente con el tiempo. Pero la experiencia demuestra que si los mantenimientos no se realizan de manera rigurosa, al final no tendremos nada, que es lo que ocurre cuando la gestión queda únicamente en manos del Estado.
Los modelos de éxito en países avanzados muestran que la clave está en que el sector privado gestione la distribución y comercialización, mientras el Estado mantiene el rol de fiscalizador y garante del servicio. Esa es la naturaleza lógica de ambos sectores: el privado aporta eficiencia y capital, mientras que el Estado regula, supervisa y protege el interés ciudadano.
La eficiencia en el sector eléctrico dominicano es un reto urgente que requiere cambios estructurales. La evidencia internacional muestra que es posible reducir las pérdidas a un dígito, siempre que exista una combinación de inversión privada, regulación estatal y visión estratégica de largo plazo.
Para avanzar, República Dominicana debe:
- Modernizar la red de distribución con tecnología inteligente.
- Fortalecer los mecanismos de control contra el fraude eléctrico.
- Definir metas de reducción de pérdidas con plazos medibles.
- Garantizar una política de mantenimiento sostenida en el tiempo.
Reducir las pérdidas y elevar la eficiencia no solo aliviará las finanzas públicas, sino que también generará mayor confianza en los inversionistas, impulsará la competitividad y permitirá un sistema eléctrico más justo y sostenible.
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