La reciente intervención del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) en la avenida George Washington, con la colocación de una rampa de cemento para reducir la velocidad vehicular, ha abierto un debate necesario sobre la planificación y ejecución de las medidas de seguridad vial. La intención de disminuir los accidentes en una vía altamente transitada es válida y oportuna; sin embargo, la forma en que se implementó esta solución ha generado efectos contrarios a los objetivos perseguidos.
La plataforma de cemento construida por el INTRANT no solo supera los límites para este tipo de reductores de velocidad, sino que además resulta excesivamente extensa en comparación con los tradicionales “policías acostados”. Lejos de mejorar la seguridad, la rampa provocó varios accidentes de tránsito, daños a vehículos y un rechazo generalizado de los conductores que utilizan diariamente esta importante arteria del Distrito Nacional.
Surge entonces una pregunta: ¿no habría sido más económico, eficiente y menos traumático realizar un análisis técnico previo de una obra que, en apariencia, era sencilla? El caos vial, las afectaciones mecánicas a vehículos y la acumulación de agua tras una ligera lluvia, evidenciaron fallas de diseño y drenaje que pudieron evitarse con una planificación previa.
Este episodio recuerda otras decisiones del INTRANT, como la implementación de los giros a la izquierda, que fueron planteadas con lógica y buenas intenciones, pero cuyos resultados no lograron respaldar plenamente los cambios introducidos. La seguridad vial no admite improvisaciones ni ensayos fallidos en vías de alto flujo.
Ahora, el reto para el INTRANT no es solo corregir la rampa de la avenida George Washington, sino también asumir una reflexión más profunda sobre sus procesos de toma de decisiones. Y queda una interrogante pendiente que no puede ignorarse: ¿quién responderá por los daños ocasionados a los vehículos que resultaron afectados por una medida que buscaba, precisamente, evitar accidentes?
