El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresó este lunes su preocupación por el proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa incrementa las cargas económicas para el sector productivo y se tramita mediante un procedimiento legislativo que limita el análisis técnico y la participación de los sectores involucrados.
En un comunicado, el principal gremio empresarial del país reiteró su respaldo a la construcción de un sistema moderno y sostenible para la gestión de los residuos sólidos, pero advirtió que una reforma de esa magnitud requiere un proceso de discusión más amplio, transparente y sustentado en evidencia técnica.
El CONEP cuestionó que la propuesta sea conocida bajo el mecanismo de declaratoria de urgencia, al entender que esta herramienta constitucional debe reservarse para circunstancias excepcionales y no para modificaciones que alteran de forma significativa las obligaciones económicas y el funcionamiento de la actividad productiva.
“La legitimidad y calidad de las leyes depende de la oportunidad real de estudiar los textos, evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados”, señaló la organización.
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Preocupación por nuevas cargas
El gremio sostuvo que el proyecto concentra una parte importante de las nuevas contribuciones sobre empresas que recientemente asumieron un incremento en la tasa del Impuesto sobre la Renta y que, además, ya financian los costos asociados a la disposición final de los residuos que generan.
A juicio del CONEP, las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado y no de manera aislada, ya que la reiteración de obligaciones tributarias y regulatorias sobre un mismo segmento podría afectar la competitividad del aparato productivo nacional.
“La discusión no es entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas forman parte del mismo tejido productivo y son fundamentales para el desarrollo económico del país”, subrayó la entidad.
El CONEP también llamó la atención sobre aspectos pendientes de corregir en la gobernanza del sistema, entre ellos la participación de beneficiarios del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en los procesos de toma de decisiones, lo que, a su juicio, genera distorsiones que deben ser revisadas.
Finalmente, la organización exhortó al Congreso Nacional a garantizar un proceso legislativo sustentado en el diálogo, la consulta y la deliberación técnica, argumentando que las reformas de mayor impacto deben construirse con la participación de todos los sectores involucrados.
“Las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez, sino aquellas que nacen del diálogo y la evidencia técnica, fortaleciendo simultáneamente la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el clima de inversión”, concluyó el gremio empresarial.
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