Con la reciente declaración de emergencia para las compras y contrataciones del sector eléctrico, el Gobierno ha abierto la puerta a decisiones aceleradas para adquirir los servicios y la energía que el país necesita con urgencia. El objetivo: potenciar la producción nacional y reducir los apagones que, en los últimos meses, se han convertido en una fuente de malestar general en todos los rincones del país.
Desde el sector artístico, los medios de comunicación, la industria turística, hasta los centros médicos, todos han sentido el impacto de un servicio eléctrico inestable. Ahora, el propio Gobierno reconoce que enfrenta una crisis que no ha podido controlar y, en consecuencia, autoriza a las instituciones a adquirir lo necesario sin pasar por los protocolos regulares de compras y contrataciones.
Además, ha solicitado al Congreso Nacional que acelere el conocimiento de proyectos que impulsen la generación de energías renovables, como la eólica, en un intento por diversificar la matriz energética del país.
Sin embargo, el acto más reciente —y quizás el más polémico— ha sido la integración de una tercera barcaza generadora de electricidad en el puerto de Los Negros, en Azua. Esta acción ha desatado la indignación de comunitarios y ambientalistas, quienes consideran que esta medida representa un nuevo foco de contaminación ambiental que agrava aún más la situación que ya viven en la zona.
Ante este escenario, cabe preguntarse: si hasta hace poco el Gobierno presumía de un servicio eléctrico 24/7 y, cuando comenzaron los apagones, atribuyó el problema al subsidio y al fraude eléctrico, ¿qué ocurrirá cuando las consecuencias de esta carrera por “llevar luz a toda costa” se traduzcan en daños ambientales irreversibles?
Asegurar energía es una necesidad. Pero hacerlo sin planificación, sin escuchar a las comunidades y pasando por alto los riesgos ecológicos, puede tener un costo más alto.
