El exsenador por la provincia La Romana, Iván Silva, alertó sobre los graves efectos de la actividad extractiva ilegal en las comunidades y el medio ambiente de la República Dominicana, advirtiendo que destruye ecosistemas enteros y pone en riesgo los recursos hídricos del país, con un impacto irreversible que afecta a tres grandes ríos y 17 arroyuelos en el municipio de Cotuí.
La construcción de nuevas presas de cola por parte de algunas empresas, advirtió, pone en riesgo la biodiversidad local y la sostenibilidad de los recursos hídricos de la región.
En el plano social, el exsenador recordó que más de 2,500 familias podrían perder sus hogares y medios de producción debido a las operaciones mineras irregulares, especialmente en zonas rurales donde la agricultura y la ganadería son la principal fuente de sustento.
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Durante una protesta en Cotuí, más de 1,500 ciudadanos se unieron a Silva para exigir la suspensión de estas actividades y la protección de los ríos y arroyuelos.
Las compensaciones ofrecidas por las empresas, aseguró, son insuficientes para cubrir las pérdidas de los agricultores locales.
Silva insistió en que la única manera de proteger a las comunidades y garantizar un desarrollo sostenible es hacer cumplir la ley de minería y de medio ambiente, así como exigir transparencia y responsabilidad a las empresas que operan en el país, para evitar que la minería y la extracción ilegal continúen destruyendo los recursos naturales y las economías locales.
A esta problemática se suma la extracción irregular de agregados en los ríos, una práctica que, según un reportaje reciente del periódico español El País, constituye uno de los mayores desafíos ambientales del país.
La publicación denuncia operaciones ilegales en diversos ríos, especialmente en el Nizao, uno de los más castigados por esta actividad.
“Alrededor de 25 volquetas entran y salen cargadas de arena y grava que se usan para la construcción, levantando una nube de polvo entre piedras y charcos estancados, evidencia de un ecocidio que ha hecho desaparecer el río bajo tierra”, indica el reportaje.
El coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Luis Carvajal, advirtió que décadas de explotación irregular han provocado la sobreexcavación del cauce y el colapso de sus márgenes. Esta situación, agregó, refleja cómo la falta de control y la impunidad han agravado el deterioro ambiental y social en las zonas afectadas.
Carvajal subraya que la extracción de materiales de los ríos requiere una visión técnica y responsable. Aunque puede contribuir al control de inundaciones si se maneja adecuadamente, su práctica indiscriminada destruye ecosistemas, altera los flujos naturales del agua y amenaza la vida de comunidades enteras.
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