La decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la cancelación de los contratos de concesión minera suscritos entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana (Falcondo) no corresponde al ámbito de competencia del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la entidad sostiene que la protección de los trabajadores afectados por la situación de la empresa sí constituye una de sus prioridades.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, explicó que el organismo se limita a respetar las decisiones de los tribunales y las atribuciones de las instituciones responsables de la regulación minera, mientras mantiene su intervención en lo relativo a los derechos laborales de los trabajadores de Falcondo.
“La situación de la concesión minera corresponde a otras autoridades y a los tribunales, pero la protección de los derechos laborales de los trabajadores de Falcondo sí constituye una prioridad del Ministerio de Trabajo”, afirmó Olivares.
La situación laboral se mantiene abierta luego de que trabajadores de la minera recibieran, según lo expuesto por el Ministerio, cartas de despido el pasado 2 de marzo, con la promesa de que sus prestaciones serían entregadas en un plazo de 10 días laborables.
Ese pago, sin embargo, continúa pendiente para parte de los empleados.
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Una deuda laboral que los trabajadores estiman en RD$350 millones
Víctor Antonio Rodríguez Fermín, integrante de la directiva sindical de los trabajadores de Falcondo, señaló que la deuda de la empresa con los empleados asciende a unos RD$350 millones.
El monto, explicó, está relacionado con trabajadores que acumulan más de 10, 20 y hasta 30 años de servicio en la empresa minera.
Frente a esta situación, Olivares aseguró que el Ministerio de Trabajo mantiene vigilancia sobre el proceso para procurar que los trabajadores reciban las prestaciones y demás derechos derivados de la terminación de sus contratos.
El funcionario destacó que la institución ha acompañado el caso durante varios años y que, como resultado de esas gestiones, 1,010 trabajadores fueron desvinculados y recibieron el pago de sus beneficios laborales. De ese grupo, 677 pertenecían al sindicato.
También se procuró una solución para otros 80 trabajadores, incluidos directivos sindicales, que decidieron voluntariamente permanecer vinculados a Falcondo.
Asistencia judicial para trabajadores
El Ministerio indicó que continúa ofreciendo asistencia a los trabajadores a través de su Dirección de Asistencia Judicial.
Actualmente, esa dependencia asumió la representación de 55 trabajadores para la defensa de sus derechos ante los tribunales. De ellos, 46 permanecen representados por el departamento y tienen sus respectivos procesos en estado de fallo.
La intervención del Ministerio se concentra así en el ámbito laboral, mientras el futuro de las concesiones mineras y de la empresa se mantiene sujeto a las decisiones de las instancias correspondientes.
A la situación derivada de la decisión sobre las concesiones se suma el proceso de reestructuración mercantil de Falcondo ante el tribunal competente.
En ese procedimiento, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) solicitó el 30 de julio de 2026 la aprobación de un mecanismo para pagar las acreencias laborales pendientes mediante la subrogación del Estado dominicano en los derechos, acciones y privilegios correspondientes.
La solicitud busca que el Estado pueda asumir las acreencias laborales y posteriormente incorporarse a la lista de acreedores dentro del proceso de reestructuración.
Olivares explicó que, si el tribunal aprueba el mecanismo, el Estado completaría el pago de las prestaciones en los términos que sean determinados legalmente y quedaría subrogado en los derechos y acciones correspondientes frente a Falcondo.
De esta manera, la discusión sobre el futuro de la empresa minera queda vinculada a dos procesos distintos: por un lado, el relacionado con sus concesiones mineras y, por otro, el procedimiento de reestructuración mercantil y reconocimiento de las acreencias laborales.
El foco laboral tras la decisión sobre las concesiones
Ante las consecuencias que pueda generar la decisión del TSA sobre las concesiones, el Ministerio de Trabajo señaló como prioridad evitar que los trabajadores que permanecen vinculados a Falcondo queden desprotegidos.
Según la información suministrada por la entidad, 76 trabajadores todavía permanecen vinculados a la empresa, por lo que el Ministerio busca que sus derechos sean reconocidos y satisfechos conforme a la Constitución, el Código de Trabajo y la legislación sobre reestructuración y liquidación de empresas.
La entidad afirmó que continuará orientando a los trabajadores dentro de sus competencias mediante asistencia judicial, conciliación y mediación, además de colaborar para que las acreencias laborales sean reconocidas y atendidas.
Así, mientras las autoridades judiciales conocen los procesos que determinarán el futuro de Falcondo y sus concesiones, el Ministerio de Trabajo mantiene el foco en la dimensión laboral de una crisis que ha dejado prestaciones pendientes y trabajadores a la espera de una solución.
