El combate al comercio irregular de combustibles en República Dominicana ha entrado en una nueva etapa. Durante años, el foco estuvo concentrado en los puntos clandestinos de venta que operaban al margen de la ley, sin controles técnicos, fiscales ni de seguridad. En la actualidad, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), parece haber entendido que la verdadera fortaleza del sector no solo depende de perseguir la informalidad, sino también de garantizar que las estaciones formales cumplan estrictamente las normas.
La cantidad de estaciones y puestos clandestinos desmantelados en los últimos meses evidencia que existe una voluntad institucional de enfrentar prácticas que durante mucho tiempo distorsionaron el mercado y pusieron en riesgo tanto a consumidores como a comunidades enteras. Cada punto ilegal cerrado representa menos evasión, menos competencia desleal y mayor seguridad para la ciudadanía.
Pero el paso más relevante quizá no sea ese. Lo verdaderamente trascendental es que el MICM haya comenzado también a ejercer su rol fiscalizador sobre estaciones formalmente establecidas que incumplen disposiciones técnicas, ambientales o regulatorias. Ahí es donde se mide la independencia de una institución.
Cuando no existe compromiso con empresas ni complacencia con grupos empresariales, resulta más fácil hacer cumplir las leyes. Y precisamente eso es lo que fortalece la competitividad de un sector: reglas iguales para todos.
Durante décadas, uno de los principales reclamos de los actores que sí cumplen era la falta de consecuencias para quienes operaban fuera de norma. La permisividad generó distorsiones económicas profundas. Quien evade controles puede vender más barato, operar con menores costos y desplazar a quienes sí invierten en seguridad, calidad y cumplimiento regulatorio.
La fiscalización equilibrada corrige esa anomalía.
También hay un elemento de presión social imposible de ignorar. La ciudadanía exige cada vez más transparencia, seguridad y responsabilidad institucional. Los accidentes vinculados al manejo irregular de combustibles, el crecimiento de estructuras clandestinas y las denuncias constantes sobre incumplimientos han colocado el tema en el centro del debate público. En ese contexto, el Estado no podía seguir actuando únicamente como espectador.
El MICM y el CECCOM tienen ahora la oportunidad de consolidar una política sostenida de supervisión, alejada de coyunturas mediáticas o intereses particulares.
La competitividad auténtica no nace de privilegios ni de tolerancias selectivas. Surge cuando todos los actores participan bajo las mismas reglas, con un regulador dispuesto a actuar sin excepciones.
