El Gobierno dominicano informó que otorgó una extensión temporal, bajo plena coordinación de las autoridades nacionales, para que aeronaves y personal de Estados Unidos puedan acceder, estacionarse y sobrevolar territorio dominicano desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y la Base Aérea de San Isidro.
La medida amplía un permiso previamente concedido en noviembre de 2025, cuando el país autorizó el uso de espacios restringidos en ambas instalaciones para apoyo logístico, abastecimiento de combustible y traslado de equipos y personal técnico estadounidense.
Ese acuerdo se produjo tras la visita a República Dominicana del entonces secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.
Según el comunicado oficial, la extensión no implica cesión de control, sino que responde a un esquema de cooperación bilateral orientado a reforzar la capacidad nacional frente a amenazas transnacionales.
El permiso autoriza a EE. UU. a utilizar áreas específicas para reabastecimiento de aeronaves, movilización de equipos y traslado de personal técnico, en apoyo a operaciones de interdicción aérea y marítima contra el narcotráfico.
El Gobierno sostiene que este mecanismo contribuirá a fortalecer las capacidades dominicanas de:
- Vigilancia aérea y marítima
- Interdicción de narcóticos
- Respuesta operativa frente al crimen transnacional
Además, permitirá ampliar la cooperación en inteligencia, el intercambio de información, el entrenamiento y la asistencia técnica entre ambos países.
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La iniciativa se enmarca en un contexto regional donde se ha intensificado la presión sobre rutas del narcotráfico en el Caribe y ha aumentado la presencia operativa de Estados Unidos en tareas antinarcóticos.
El comunicado también detalla que República Dominicana y Estados Unidos avanzan en proyectos para fortalecer la seguridad aeroportuaria y fronteriza, mediante la implementación de:
- Nuevas tecnologías de control
- Sistemas biométricos avanzados
- Protocolos modernizados de verificación y monitoreo
De acuerdo con la Cancillería, estos esfuerzos podrían mejorar la conectividad, aumentar la competitividad aérea del país y reforzar la seguridad en los principales puntos de entrada, con impacto directo en la industria turística y en la protección del espacio aéreo nacional.
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