Mediante una declaración pública, la Asociación de Generadoras de Chile, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G.), la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL A.G.) y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores (GPM A.G.), se manifestaron en contra del Proyecto de Ley presentado el 26 de agosto pasado por el Gobierno de Chile que busca ampliar los subsidios eléctricos tras las alzas en las cuentas de la luz.
En el comunicado, los gremios señalaron que la propuesta del Ejecutivo “adolece de graves deficiencias y perjudica sustancialmente, al menos, los siguientes principios base sobre los que se desarrolla todo sector productivo que aporta al crecimiento de la economía y la generación de empleos del país”.
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En esta línea, detallaron que en materia de predictibilidad Jurídica “altera de manera continua e intempestiva las condiciones regulatorias sobre las que la industria de generación ha desarrollado y colaborado con la política del Estado de Chile sobre transición energética y descarbonización”.
Por su parte, añadieron que tiene un efecto sobre la confianza legítima en la autoridad política “definiendo nuevas cargas públicas sin fundamentar sus medidas ni explicar los efectos sobre las personas y las empresas: consumo, niveles de precios, inflación y condiciones de inversión”.
En tanto, en materia de reparto proporcional de las cargas públicas sostienen que “establece cargas tributarias de manera ad-hoc a sectores económicos determinados, sin considerar financiamiento alguno que provenga de un ejercicio de administración financiera eficiente y focalizada por parte del Gobierno”.
En la declaración, los gremios eléctricos plantean además, que “compartimos la preocupación por encontrar mecanismos de ayuda para las familias más vulnerables de nuestro país para enfrentar el alza de las tarifas eléctricas, pero creemos que éstos deberían ser coherentes con otras políticas públicas de subsidio y con una visión estable y de largo plazo para el correcto desarrollo de la industria eléctrica, particularmente en el escenario actual de transición energética y compromisos de carbono neutralidad adquiridos por Chile”.
Finalmente hacen ver que la industria de Generación Eléctrica “ha sido un aliado permanente de Chile en la transición energética y la descarbonización, lo que se ve reflejado en: aporte de más de USD 30 mil millones en inversión directa en regiones; diversificación de la matriz energética; incremento del número de productores de energía eléctrica a más de 700; aumento de la penetración de energía renovable, con valores superiores al 65%, una progresiva reducción en las emisiones de carbono del sector eléctrico. Todo esto ha llevado a Chile a ser permanentemente reconocido en diversos rankings y foros a nivel mundial”.
En esta línea aseguraron que “confiamos en que la discusión permita encontrar respuestas necesarias, viables y expeditas para focalizar la entrega de un beneficio con cargo a fondos públicos y, a la vez, respetar las señales regulatorias para que todos los actores del sector energético podamos avanzar en los desafíos que son clave para el sector, como las condiciones de suministro, almacenamiento y transmisión eléctrica, que son determinantes para inyectar energía de precios competitivos en el sistema”.
Cabe recordar que la semana pasada, el Gobierno de Chile ingresó al Congreso Nacional (sede del poder Legislativo), el proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico, disminuir las tarifas para Mipymes y Servicios Sanitarios Rurales (SSR), y perfeccionar las facultades fiscalizadoras de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), junto con duplicar las multas y compensaciones por infracciones a la normativa eléctrica.
Segú explicó el Ministro de Energía, Diego Pardow, la propuesta que extiende el beneficio al total de los hogares más vulnerables en el Registro Social de Hogares (RSH), se construyó con plena responsabilidad en cuanto a su financiamiento y escuchando las propuestas de la mesa técnica para llegar a recaudar del orden de US$ 900 millones, que permite triplicar la cobertura del subsidio y llegar a 4,7 millones de hogares, es decir, cerca de 10 millones de personas.
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